Procuraduría investigará irregularidades en millonaria compra de vehículos para magistrados durante la pandemia

Según informó la entidad, las camionetas adquiridas para la Corte Suprema de Justicia costaron más de 13 mil millones de pesos.

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Imagen de referencia. Procuraduría abre investigación por la compra de la Rama Judicial 51 camionetas Toyota blindadas por valor de $13.276 millones durante la pandemia. Foto: Colprensa.
Imagen de referencia. Procuraduría abre investigación por la compra de la Rama Judicial 51 camionetas Toyota blindadas por valor de $13.276 millones durante la pandemia. Foto: Colprensa.

La Procuraduría General de la Nación dio a conocer que abrió una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en el proceso de compra de 51 camionetas Toyota blindadas por $13.276.000 millones de pesos, destinadas para el esquema de seguridad de funcionarios y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con el Ministerio Público, se indagará el por qué el proceso realizado por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se realizó por una suma tan elevada en plena crisis sanitaria por cuenta del covid-19, además de investigar si la compra de los vehículos cumplió con la normativa y principios de contratación estatal.

“Como quiera que este proceso de compra ha sido cuestionado, entre otras presuntas irregularidades, por haberse adelantado en plena época de emergencia económica y social por causa de la pandemia del covid-19, y por los altos costos de tales vehículos incluidos sus accesorios y adecuaciones, los cuales fueron adquiridos mediante una orden de compra al proveedor Unión Temporal Toyonorte LTDA.- Armor International de Colombia LTDA.- Blindex S.A.”, detalló la Procuraduría, según conoció el periódico El Tiempo.

Por lo tanto, según informó la Procuraduría Segunda Delegada para la Moralidad Pública el pasado 15 de junio, se investigará al director ejecutivo de Administración Judicial, José Cuestas, y al director de la Oficina de Asesoría para la Seguridad de la Rama Judicial, Carlos Eduardo Devia Gutiérrez.

Respecto al caso, en diálogo con el periódico El Tiempo, el director ejecutivo de Administración Judicial, José Cuestas, afirmó que en el proceso de compra de los vehículos no incurrió en ningún tipo de irregularidad, pues explicó que la Rama Judicial fue la que determinó que vehículos necesitaban los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y luego el Consejo Superior de la Judicatura aprobó la contratación.

Una vez aprobada la contratación, Cuestas indicó al mismo medio que él realizó la compra de los vehículos a través de la plataforma Colombia Compra Eficiente, la cual señaló siempre usa para agilizar los trámites, y adquirió los automóviles de acuerdo a las especificaciones que le fueron entregadas.

“Yo no soy el que dice que tipo de carros son los que se deben comprar. ¿Cuál irregularidad si lo hice por Colombia Compra Eficiente? Lo que puedo, lo hago por ahí, para evitarme estos líos. Estoy tranquilo.”, declaró a El Tiempo, el director ejecutivo de Administración Judicial.

NotiCentro1 CM& además conoció que con el fin de avanzar en la investigación, la Procuraduría solicitó al Consejo Superior de la Judicatura todo la información referida al proceso de contratación, mientras que a la plataforma Colombia Compra Eficiente le pidió un informe sobre la adquisición, con el fin de determinar si existió detrimento patrimonial.

Procuraduría investigará a cinco alcaldes de Córdoba por irregularidades en contratos durante la pandemia

En otros procesos, la Procuraduría General de la Nación anunció que investigará a cinco alcaldes municipales del departamento de Córdoba por presuntas irregularidades en contratos para asistencia alimentaria durante la crisis sanitaria.

Según informó la entidad, las indagaciones serán en contra de los alcaldes de los municipios de Sahagún, Jorge David Pastrana Sagre; Planeta Rica, Rubén Dario Tamayo Espitia; Momil, Gabriel Antonio Bittar Díaz; Buenavista, Félix Gutiérrez Córdoba y Pueblo Nuevo, Fidel Antonio Mercado González.

La investigación disciplinaria además cobija a los secretarios de Gobierno de 2020 de los municipios de Sahagún, Beatriz Ojeda Moreno; de Planeta Rica, Carlos Uribe Arboleda; de Momil, Sindy Paola Almentero Yubb; de Buenavista, Aday Alonzo Lozano Gutiérrez, y de Pueblo Nuevo, Margarita Rosa Sánchez Benítez.

De acuerdo con la Procuraduría, las irregularidades que habrían cometido los funcionarios serían en la firma de cinco contratos de kits alimentarios que superan los 1.300 millones de pesos.

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