Policía se fue de El Porvenir (Meta) mientras la comunidad denuncian amenaza paramilitar

El pasado 9 de junio, los habitantes de la vereda El Porvenir en Puerto Gaitán, municipio del departamento del Meta, fueron advertidos de que la Policía levantaría su estación del lugar y se iría. Mientras que la comunidad teme un deterioro en la seguridad sin la presencia de la fuerza pública.

“Este hecho genera mucho temor entre la comunidad pues son bien conocidos los conflictos por la tierra de grupos armados en contra de los campesinos históricos de El Porvenir, así como los invasores sabaneros ex -trabajadores y ex -socios de Víctor Carranza Niño que usurparon baldíos de la nación desde que fueran devueltos los predios por la ganadería la Cristalina de los herederos de Víctor Carranza”, señaló a través de una denuncia pública la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello.

Según la denuncia, el retiro de la estación improvisada de Policía que se había instalado en la vereda no fue comunicada a las autoridades, ni a la presidenta de la Junta de Acción Comunal, como tampoco a la Procuraduría o a la Alcaldía que en anteriores ocasiones han rechazado esa acción.

Además, según la Corporación Claretiana, sería ilegal, debido a que existen sentencias que han ordenado a las autoridades resolver los conflictos de tierras que se presentan en la zona, y brindar garantías de seguridad, al menos, durante ese proceso a los habitantes.

El conflicto en ese sector del departamento del Meta es histórico. Inicialmente las veredas El Porvenir y Matarratón eran una sola, pero los proyectos petroleros llevaron a su separación en dos comunidades del municipio de Puerto Gaitán.

Según Tierra en Disputa del portal Rutas del Conflicto, los campesinos que habían llegado al lugar en los años 50 establecieron un acuerdo con Víctor Machado, un hacendado dueño de una hacienda que ocupaba la mayor parte del territorio, para compartir la tierra. Sin embargo, tras la muerte del terrateniente, los predios fueron vendidos a Víctor Carranza, zar de las esmeraldas.

Allí se volvió común hablar a “los masetos” un grupo de paramilitares conformado por el dueños esmeraldíferos, que iniciaron el asesinato de colonos, hasta el año 1987 cuando cometieron la masacre de siete campesinos.

“Con la entrada de los grupos paramilitares las AUC patrocinados, financiados y entrenados en predios del Hato Cabiona de la familia Carranza y Betar (los grupos de Carranza se les conoce como los carranceros), consiguieron a sangre y fuego configurar el despojo legal de 28 mil hectáreas. En el año 80 el señor Víctor Carranza compró dos mil hectáreas a una señora y así empezó a acumular tierras, adjudicándose predios con documentos fraudulentos”, asegura la Corporación.

Desde hace más de una década líderes sociales empezaron la reclamación de tierras a nombre de la comunidad, para denunciar la adquisición fraudulenta de varios terrenos, pero la amenaza paramilitar no cesó y se inició una persecución con una masacre de tres campesinos ocupantes en 2015.

A raíz de allí se han emitido dos sentencias que ordenan la instalación de una mesa de trabajo del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Restitución de Tierras, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, y la Policía Nacional, con el objetivo de establecer la propiedad de los terrenos.

En el 2015 se ordenó a la Policía, el Ejército, la Alcaldía y demás instituciones que “conformen un comité interinstitucional de verificación y acompañamiento de la situación de derechos fundamentales de las familias campesinas y desplazadas que habitan la inspección del Provenir, quienes deberán verificar e identificar la dimensión de la amenaza de sus prerrogativas superiores y, desde el ámbito de sus competencias legales y constitucionales, diseñar e implementar un programa de acción para superarla”, el cual debía ejecutarse hasta el momento de superarla.

Por eso para la comunidad la Fuerza Pública no debía levantarse de la vereda El Porvenir, porque deben garantizar la seguridad de los habitantes, aún cuando las condiciones son alarmantes por la presencia vigente de actores armados.

“La situación de seguridad para los campesinos históricos, así como para las comunidades indígenas de ASEINPOME, no ha cambiado y por el contrario la salida de la policía los deja en condición de mayor vulnerabilidad, además no solo no se han recuperado los baldíos invadidos, sino que, durante este tiempo -desde que fueron proferidas las sentencias- se ha podido constatar nuevas invasiones y hechos de violencia”, señaló la Corporación.

Por eso exigen a la Policía y al Ejército que trabajen de manera articulada en el territorio, que la Alcaldía ejerza como primera autoridad policial y garantice la seguridad, así como que la Fiscalía adelante resultados en las violaciones de derechos que se han presentado en la comunidad y la Agencia Nacional de Tierras agilice la definición de propiedad de los predios.

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