Miembros de las ex Farc entregaron información sobre 55 casos de desaparición forzada

El Secretario de las antiguas Farc, ahora conocidos como el partido político Comunes, entregó a la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos (CBPD) información vital sobre 55 personas que desaparecieron durante el conflicto y sobre solo ellos sabrían dónde se encuentran sus restos.

La W confirmó que fuentes cercanas a la emisora les aseguraron que de todo el ecosistema de desaparecidos hay 192 personas que fueron secuestradas y de las que no se sabe su paradero, con la información que el Secretario entrega, se podrían conocer el paradero del 28% de estos ciudadanos. Sin embargo, hay información de 8 ciudadanos que con su aparición culminarían las investigaciones a su alrededor.

Según aseguró La W, en el listado de nombres que entregó las Farc sobre esta población víctima, contiene datos de civiles y miembros de la Fuerza Pública.

De los excomandantes de las Farc que tiene investigaciones de la JEP y que deben rendir testimonio, se han escuchado hasta el momento en sesiones individuales a Rodrigo Londoño ‘Timochenko’, Carlos Antonio Lozada, Pablo Catatumbo, y Milton Toncel ‘Joaquín Gómez’ quienes han dado información sobre el tema.

Desde el 28 de enero, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comunicó oficialmente acerca de la imputación de cargos a ocho miembros del antiguo secretariado de las extintas Farc-EP. Esto se da en el marco del caso 001 “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad” que investiga y terminará judicializando el Tribunal de Paz.

Los responsables de estos hechos son los antiguos miembros del Secretariado que están sometidos a la JEP: Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Juan Ermilo Cabrera, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar. La responsabilidad individual varía según los cargos de mando asumidos durante el conflicto armado, algunos son autores directos.

Después de críticas por más de tres años, la Jurisdicción emite el primer Auto que vincula directamente a los implicados también en delitos de lesa humanidad como las torturas, tratos crueles, violencia sexual, desplazamientos forzados y privaciones graves de la libertad (cada uno con casos diferentes, por ahora solo se enfocarán en este último). La Sala encontró que las disposiciones relacionadas con las políticas a las que denominaban “retenciones” y que se vincularon con diferentes privaciones a la libertad, se orientaron de forma generalizada a personas de todos los estratos sociales y en la práctica no distinguieron territorios, condiciones de género, edad o condiciones de vulnerabilidad especial.

Uno de los señalamientos más graves que pone en la mesa la JEP, es que a los secuestrados les violaban su dignidad humana como estar amarrados con cadenas o no prestarle atención médica a mujeres embarazo, siendo las mujeres y niñas las más afectadas y vulneradas en la guerra. Para el Derecho Internacional Humanitario, la toma de rehenes es una de las mayores violaciones a este.

En la rueda de prensa en que se explicó el auto 019 de 2021, la magistrada Julieta Lemaitre dijo que la Sala, donde escucharon a niños, niñas, exguerrilleros, víctimas acreditadas y a los mismos imputados, se encarga de determinar los delitos del caso pero que el proceso penal e, incluso, el posible retiro de la vida política para los excombatientes, se debaten y deciden en el Tribunal de Paz que los juzgará. En caso no aceptar cargos o ser vencidos en juicio y declarados como culpables, podrían tener penas de hasta 20 años de prisión.

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