Gustavo Petro aseguró que Alejandro Ordóñez es un fascista violador de derechos humanos

Fue por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de Gustavo Petro, a raíz de la destitución que ordenó Alejandro Ordóñez en 2013, cuando fue procurador general de la Nación, que la Procuraduría debió reformar el Código Disciplinario.

Por eso, los dos personajes tendrían que ser mencionados en medio del debate del polémico proyecto que, pese a la oposición del mismo Gustavo Petro, el detonante de la decisión de la Corte IDH, resultó aprobado en el Congreso de la República.

Antes de que fuera aprobado, el senador usó su intervención para descargarse en contra del exprocurador Alejandro Ordóñez, quien es embajador de Colombia en la Organización de Estados Americanos, y fue encargado de dirigir el trabajo con la CIDH en su visita a Colombia en medio del Paro Nacional.

El líder de la Colombia Humana inició la discusión afirmando que hablaba como “víctima de la Procuraduría, no retóricamente sino oficialmente en virtud de la sentencia de la Corte IDH que aquí se intenta desacatar”, recordó Petro.

En el año 2013 Alejandro Ordóñez destituyó e inhabilitó a Gustavo Petro, entonces alcalde de Bogotá; una decisión que según la Corte IDH habría violado sus derechos políticos, por lo que recomendó al país modificar los mecanismos de sanción de funcionarios públicos de elección popular por parte de la Procuraduría.

El senador Petro recordó la sentencia y la convención que hace parte del bloque de constitucionalidad del país, y citó la definición de los derechos políticos que aparecen en el artículo artículo 23, “los derechos políticos son derechos humanos, los que violan derechos políticos, son violadores de derechos humanos, el señor Ordóñez es un violador de derechos humanos”, aseguró.

“Bajo mi caso particular, un señor fascista decidió que un alcalde de la capital de Colombia no podía ser progresista y me inhabilitó por 15 años, yo lo derroté en la justicia nacional y en la internacional, completamente, y salió una sentencia y esa sentencia obliga al Congreso de Colombia y al Estado a cumplirla, a acatar, que nuestras leyes deben adecuarse a ese principio, es decir, que nadie en Colombia puede perder sus derechos políticos, sino en virtud de una sentencia de juez penal”, agregó Petro.

Según el líder de la Colombia Humana, el proyecto presentado por la procuradora Margarita Cabello y que resultó aprobado no cumplía con la sentencia de la Corte IDH ni la convención, por lo que aprobarlo sería desacatar esa decisión que es vinculante para el país.

“22 congresistas están inhabilitados para votar porque tienen procesos en una entidad administrativa, son la demostración plena de que la convención americana no rige ni siquiera en este momento en el Congreso de la República, esta convención dice que para quitar derechos políticos exclusivamente por razones de edad, residencia, disrupción, discapacidad civil o mental o condena por juez competente civil o penal”, agregó Petro.

La intervención de Petro, en la que aseguró que aprobar el proyecto de la Procuraduría era “arrodillar” el voto popular a una entidad administrativa, se dio antes de la votación de una moción de archivo que finalmente no fue aprobada y el proyecto salió victorioso para la revisión constitucional.

La polémica reforma al Código Disciplinario de la Procuraduría General de la Nación fue aprobada en la noche de este miércoles 16 de junio en el Congreso de la República con 53 votos a favor y nueve en contra. Este resultado permitirá fortalecer los poderes que tiene el organismo de control y le otorga funciones jurisdiccionales y de policía judicial. Además, se le otorgan facultades al presidente de la República para reformar la planta de personal de esta entidad.

El articulado está planteado bajo tres puntos principales: el primero que tiene que ver con las facultades jurisdiccionales, que buscan que se amplíen las funciones jurisdiccionales en lo relacionado con el área misional disciplinaria, lo que permitiría a la entidad actuar como juez en los casos que impliquen sanciones como destitución o inhabilidad; división en las fases investigativas, que busca garantizar que las etapas de investigación y juzgamiento sean atendidas por diferentes funcionarios; y finalmente la doble instancia, que plantea la creación de la sala de juzgamiento para cerciorarse en todos los procesos la aplicación de este recurso.

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