Congreso colombiano aprueba la reforma al código disciplinario de la Procuraduría General

La polémica reforma al Código Disciplinario de la Procuraduría General de la Nación fue aprobada en la noche de este miércoles 16 de junio en el Congreso de la República con 53 votos a favor y nueve en contra. Este resultado permitirá fortalecer los poderes que tiene el organismo de control y le otorga funciones jurisdiccionales y de policía judicial. Además, se le otorgan facultades al presidente de la República para reformar la planta de personal de esta entidad.

Al anunciar el resultado de la votación, la procuradora general Margarita Cabello aseguró en medio de la plenaria del Senado que esta decisión es la acertada, pues mejorará el funcionamiento de la entidad. Hay que recordar que el proyecto de reforma fue escrito y radicado por la misma funcionaria este año.

Este mensaje fue respaldado por el senador liberal Fabio Amín, quien fue el coordinador ponente del proyecto y afirmó que este documento evitará que miles de procesos queden en la impunidad y que las funciones de policía judicial de la entidad sean delegadas.

“Si no aprobamos esta ley, se echan a la caneca cerca de 10.000 procesos disciplinarios adelantados contra alcaldes, gobernadores, congresistas, concejales, diputados. El país tuvo oportunidad de conocer que de no aprobarse la norma y entrando en vigencia la Ley 1952 que es el Código General Disciplinario, se pierden competencias en cerca del 80 por ciento de los 13.000 procesos que adelanta la entidad”, indicó Amín.

Hay que recordar que la idea de reformar el Código General Disciplinario de la Procuraduría surgió a mediados del año pasado, después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenara al Estado colombiano por restringir los derechos políticos de Gustavo Petro, quien fue destituido en 2013 por la Procuraduría, en cabeza de Alejandro Ordóñez

Después de esto, el exprocurador Fernando Carrillo radicó un proyecto de reforma al Código Disciplinario, sin embargo, Margarita Cabello manifestó su inconformidad con dicho documento y redactó uno propio. Después la inconformidad vino por parte de algunos políticos y ciudadanos que señalaron que el texto hoy aprobado contribuirá a fomentar la burocracia, corrupción y que el organismo de control no regule como debe al Gobierno.

El argumento central de la bancada opositora ha sido el de otorgarle funciones judiciales al Ministerio Público lo que, afirmaron, podrían ser utilizado con fines de persecución a dirigentes políticos. Así mismo, otro de los puntos polémicos son las nuevas funciones de policía judicial al procurador, que estarán sujetas al control de un juez de control de garantías, para adelantar interceptaciones, allanamientos y otro tipo de procedimientos.

Incluso, el Consejo Nacional de Estado (CNE) se manifestó en contra de la reforma. Para el alto tribunal, la Procuraduría constitucionalmente no forma parte de la rama judicial y por ende sus fallos pueden ser sometidos a un juicio en la jurisdicción contencioso administrativo.

“La Procuraduría no está prevista en la Constitución Política como un cuerpo que forme parte de la rama jurisdiccional, ni puede desempeñar las funciones que a ella le corresponden. Luego de que la Procuraduría expide actos administrativos sancionatorios contra los servidores públicos, estos tienen la posibilidad de acudir a la jurisdicción a solicitar su anulación y a pedir el restablecimiento de sus derechos, en un proceso que se tramita ante un juez independiente e imparcial con la participación de dos partes en igualdad de condiciones (el servidor como parte demandante y la Procuraduría como parte demandada), el cual termina con una sentencia que hace tránsito a cosa juzgada”, señalaba el pronunciamiento del CNE.

Ahora que se conoció la aprobación del Senado, se espera que el Consejo de Estado y otros políticos en contra de la decisión se pronuncien oficialmente.

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