El foro dedicado al debate, el diálogo y la educación en las Américas, Americas Society Coucil of the Americas, y la compañía global de consultoría especializada en riesgos, Control Risks, presentó el ‘Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción’ (CCC) en el que Colombia ocupó el séptimo lugar.
Este índice, que busca evaluar la capacidad de los países de Latinoamérica para detectar, prevenir y castigar la corrupción en su versión de 2021, y que presenta su tercera edición, clasifica y evalúa a los países con relación a su eficacia para combatir la corrupción, un flagelo que se vio agudizado por la crisis sanitaria del covid-19.
“La lucha contra la corrupción en América Latina sufrió una nueva oleada de tropiezos durante el último año. En varios países, la pandemia del covid-19 llevó a los gobiernos y a los ciudadanos a desviar su atención hacia otras prioridades urgentes, lo que dio espacio a los políticos para disminuir la autonomía y los recursos de los órganos judiciales sin que se desencadenara la indignación popular o las manifestaciones callejeras, como ocurrió en años anteriores”, señaló el documento.
El Índice CCC analiza 14 variables como la movilización de la sociedad civil contra la corrupción; la independencia y eficacia de los organismos anticorrupción; y el nivel de conocimientos y recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco, y además, se basa en importantes datos y una encuesta propia para este objetivo.
Los 15 países abarcados en este índice, que corresponden al 95 % del PIB de América Latina, ubicados en la parte alta de la escala, evidencian mayores probabilidades para que quienes cometen actos de corrupción sean sancionados y enjuiciados, y aquellos con menores puntajes evidenciarían impunidad continúa.
Dentro de la clasificación puntuada sobre 10, Uruguay ocupó la primera casilla con 7.80, seguido por Chile con 6.51, Costa Rica con 6.45, Perú con 5,66, Argentina con 5,16, Brasil con 5,07 y Colombia en la séptima casilla de 15 con 4,81.
Con relación a la calificación obtenida durante 2019 y 2020, Colombia disminuyó el puntaje general pasando de 5,36 en 2019, a 5,18 durante el 2020 y 4,18 en lo corrido de 2021, presentando una disminución paulatina en la eficacia para combatir la corrupción del 10 %.
Con relación a las variables analizadas en capacidad legal, Colombia se rajó en la independencia y recursos de la Fiscalía General y de los agentes de investigación, en la calidad de los instrumentos de delación premiada, la movilización de la sociedad civil contra la corrupción y en la calidad general de la democracia.
Y obtuvo puntajes destacados en la independencia y eficiencia judicial, independencia y eficacia de los organismos anticorrupción, el nivel de cooperación internacional en materia de orden público, y la calidad de la prensa y el periodismo de investigación.
“Colombia sigue enfrentando desafíos que afectan su capacidad para combatir la corrupción. El país ha estado en una trayectoria descendente de varios años en el Índice: su puntuación general cayó un 10% de 2019 a 2021. Y experimentó un aumento del 12% en la categoría de sociedad civil y medios de comunicación, en el contexto de las actuales manifestaciones en las calles en las cuales la corrupción es una de las muchas preocupaciones de los manifestantes”, indicó el documento.
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