El recrudecimiento de la violencia en Colombia sigue obligando a los ciudadanos a abandonar sus hogares para no ser víctimas de grupos al margen de la ley. Este 16 de junio se confirmó que al menos 52 personas salieron de la vereda Campo Alegra, adscrita al municipio de Magüí Payán, al centro occidente de Nariño, porque han recibido intimidaciones por parte de hombres armados. Entre los afectados hay niños, mujeres y adultos mayores.
La información fue confirmada por el alcalde del municipio del centro occidente nariñense, Alejandro Quiñones, quien señala que las amenazas contra el grupo se presentaron durante el fin de semana. Después de esto, las personas decidieron dejar sus casas en la vereda y se trasladaron al casco urbano de Magüí Payán, pero ahí también fueron hostigados, por lo que ahora están en Barbacoas, otro municipio de Nariño.
“Entre el día viernes y sábado, miembros de algún grupo armado ilegal llegaron al casco urbano a amenazar a 52 personas, incluyendo niños y tocó sacarlos hacia otro lugar”, informó Quiñones a RCN Radio.
Las autoridades indicaron que ya están investigando el caso y aseguraron que ya se pidió protección al Estado para que los afectados sean incluidos en una ruta de acompañamiento de la Unidad de Víctimas.
El alcalde de Magüí Payán expresó su preocupación porque este sería el tercer desplazamiento masivo que se presenta en el municipio en lo que va del 2021. De hecho, solo entre mayo y junio de este año, más de 1600 personas de 11 veredas del municipio se han desplazado hasta el centro poblado generando, lo que ha generado una crisis humanitaria.
“La situación del municipio de Magüí es muy compleja, venimos sufriendo la situación de orden público desde el año 2014 con hechos como desmembramientos, asesinatos, la disputa de la cuenca del río Patía, los grupos armados al margen de la ley tienen asediada a la comunidad y no tenemos respuesta del Gobierno departamental”, aseguró el alcalde Magüí Payán.
Hay que recordar que recientemente la Defensoría del Pueblo alertó sobre la cantidad de casos que han reportado respecto a desplazamientos forzados desde que comenzó el paro nacional, el pasado 28 de abril. Según la entidad, a corte del 4 de junio se han presentado 20 de este tipo de hechos. Estos actos violentos han hecho que 3.101 familias tengan que salir bajo amenazas de sus casas, es decir, unas 8.902 personas.
A este grupo se unen otros 3.635 que, ante las disputas entre grupos armados al margen de la ley, tienen que mantenerse encerradas para intentar salvaguardar sus vidas.
“Lo que se observa es que persiste en el país la dinámica de afectaciones a las población que es víctima de la movilidad humana forzada, con ocasión del conflicto armado interno y/o por factores conexos a este”, se lee en el documento expuesto por la Defensoría.
Según lo que explicó la entidad, hay varias causas referentes a este tipo de delitos en contra de la población, entre ellas están “amenazas proferidas por presuntos integrantes de grupos de disidencias de las FARC-EP; disputas territoriales entre varios grupos armados ilegales (como el ELN, disidencias de las FARC-EP, el grupo sucesor del paramilitarismo AGC); hostigamientos de presuntos integrantes de estructuras disidentes de las FARC EP y grupos armados ilegales en respuesta a acciones de erradicación de cultivos de uso ilícito por parte del Ejército Nacional; erradicación forzada de cultivos de uso ilícito; disputa de actores armados ilegales por el control territorial (...)”.
Estas cifras y estos hechos se unen a lo reportado entre enero y junio. En total, anunció la Defensoría que en este periodo se han registrado un total de 97 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afecta aproximadamente a 14.208 familias, (41.999 personas). Así mismo, se reportaron 63 eventos de confinamiento que afecta aproximadamente a 32.923 personas de 181 comunidades y 68 reportes de riesgo.
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