Senado le dio el visto bueno a la reforma a la justicia

En último debate, la plenaria del Senado de la República finalmente aprobó el proyecto de reforma a la administración de justicia. Este busca, entre otras cosas, catalogarle como un servicio público esencial y digitalizar el sistema jurídico con herramientas como el expediente digital para todas las ramas, con el objetivo de incrementar la agilidad y la confiabilidad de los procesos legales en el país.

Se trata de una iniciativa que el Estado colombiano venía trabajando al menos desde 2012 y que siempre terminaba hundiéndose a causa de micos escandalosos que más que defender la independencia del sistema amenazaban con hacerlo más fácil de manipular. No obstante, la presente reforma contó con un apoyo de 68 votos, con lo que terminó siendo aprobada.

Dicho esto, el proyecto que pasa este martes en el senado sigue siendo uno de amores y odios, entre otras cosas por el nuevo catalogamiento, pues si bien facilita el acceso y los costos de los procesos, también implica una camisa de fuerza para los trabajadores de la rama judicial en casos como sus paros, pues estos podrían llegar a considerarse como ilegales bajo esa nueva óptica.

Lo mismo sucede con el tema presupuestal, pues si bien la rama judicial obtendrá mayor autonomía a la hora de manejar sus fondos, los mismos también se verán incrementados anualmente en un 3 por ciento del PIB colombiano (entre 3 y 4 billones de pesos) en una movida que no gustó a algunos partidos como el Centro Democrático.

Al respecto se pronunció la senadora Paloma Valencia, quien le explicó a Blu Radio que, “tuve que votar que no porque yo creo que en estos momentos en que los colombianos están sufriendo, en que tenemos un 42 % de la pobreza, en donde se han destruido 500.000 negocios, donde el paro arrasó todo el sector productivo, no puedo entender que nos vayamos a gastar más de tres billones de pesos en burocracia cuando hay colombianos necesitando esos recursos”.

Sin embargo, miembros de la rama judicial se han mostrado completamente de acuerdo con esta parte del proyecto. De hecho, el magistrado de la Corte Suprema Jorge Quiróz le dijo a la misma emisora que, “sin duda nos fortalecerá, se hará realidad la autonomía e independencia de los jueces de la República y lograremos incrementar el número de jueces que necesita la sociedad colombiana y eso cesará la congestión” del sistema.

Bien lo explicó el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, quien señaló sobre ese último tema que, “en 2020 el ingreso efectivo de procesos ascendió a 1.897.244, mientras que el índice de egresos efectivos fue de 1.521.088, lo que indica un porcentaje del 80,17 % de egresos y un déficit en resolución del 19,3 %”. En otras palabras, más dinero significa más jueces, y esto a su vez significa una mayor tasa de casos resueltos.

Ahora bien, este tema, que se puede desglosar en cuestiones de eficiencia y cobertura, también es abordado por otras decisiones como la adopción del expediente digital, una herramienta más completa y de mayor facilidad de búsqueda y acceso, que busca incrementar la productividad en los despachos; y la creación de juzgados itinerantes por parte del Consejo Superior de la Judicatura, para mejorar la administración de justicia en las regiones más apartadas del país, que son a su vez las que presentan dificultades en la prestación del servicio.

Entre los cerca de 100 artículos que componen el proyecto también se destaca la reglamentación para la operación de la Comisión de Disciplina Judicial, organismo que se creó en 2015 para encargarse de la disciplina de los miembros de la rama judicial, pero que sólo entró en funcionamiento a inicios de este año, tras extensos debates sobre quienes debían ser sus miembros; y la reglamentación de la paridad, que ordena que los listados para aspirar a las magistraturas de las altas cortes deben estar compuestos en su 50 por ciento por mujeres.

Ahora bien, y aunque se reglamentan los concursos para ascensos y las convocatorias públicas para ingreso a cargos en las altas cortes y en general los lineamientos para el fortalecimiento de la carrera judicial, respetando los cargos por provisionalidad o itinerancia, también es cierto que existen ciertos cuestionamientos por posibles micos que también pasaron.

Es el caso del artículo 67, que modifica los requerimientos para ser fiscal general, procurador, defensor y registrador, pues les abre la puerta a personas con estudios en derecho sin el requerimiento que existía de tener 15 años de experiencia ejerciendo la profesión, al permitirles acreditar lo hecho en otros campos como “ciencia política, gobierno, finanzas, relaciones internacionales, ingeniería, economía, administración de empresas y administración pública”.

A pesar de ello, el texto pasó y ahora está a la espera de conciliación entre Senado y Cámara, donde se deben resolver ligeras diferencias, para posteriormente ir a la Corte Constitucional, donde se le hace el control de constitucionalidad y finalmente, entrar a sanción presidencial.

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