Investigan a cinco alcaldes de Córdoba por irregularidades en contratos de mercados durante la pandemia del covid-19

Este miércoles 16 de junio se confirmó que la Procuraduría General de la Nación abrió una nueva investigación contra cinco alcaldes del departamento de Córdoba y sus respectivos secretarios de Gobierno, luego de que se levantaran sospechas sobre supuestos sobrecostos en la contratación de kits alimentarios destinados a suplir las necesidades de las poblaciones más vulnerables de sus municipios durante la emergencia producida por el covid-19.

Se trata, respectivamente, de Jorge David Pastrana Sagre y Beatriz Ojeda Moreno de Sahagún; Rubén Darío Tamayo Espitia y Carlos Uribe Arboleda de Planeta Rica; Gabriel Antonio Bittar Díaz y Sindy Paola Almentero Yubb de Momil; Félix Gutiérrez Córdoba y Aday Alonzo Lozano Gutiérrez de Buenavista; y de Fidel Antonio Mercado González y Margarita Rosa Sánchez Benítez de Pueblo Nuevo.

Todos habrían sido llamados a proceso disciplinario luego de que el Ministerio Público lanzara una acción preventiva sobre los contratos de corte alimenticio hechos por las alcaldías cordobesas en el marco de la emergencia sanitaria que atraviesa el país desde marzo del año pasado. Fue por medio de esta que se hallaron irregularidades en los montos concedidos a los oferentes.

Así lo informó el organismo de control. “Como parte de la investigación se ordenó la práctica de pruebas en los mencionados municipios del departamento de Córdoba con el fin de establecer si se presentaron presuntos sobrecostos”, por más de 1.300 millones de pesos. Por el momento no se han compartido más detalles sobre las investigaciones en contra de los 10 funcionarios públicos.

No sería la primera vez que se lleva a cabo una investigación en contra de mandatarios locales y sus subalternos. De hecho, la Fiscalía General de la Nación ha abierto por lo menos 27 imputaciones de cargos en 13 departamentos, fruto de procesos abiertos sobre seis mil contratos por valores que superan los 650.000 millones de pesos.

Ello se presenta, según la entidad, como consecuencia de los cambios que sufrieron los procesos de contratación en Colombia a causa de la pandemia, pues se buscó priorizar la adquisición de insumos para sobrellevarla. Hubo un aumento presupuestal de las compras directas en grandes superficies para brindar celeridad y mayor ejecución a las compras públicas, y se habilitó la sonada contratación por urgencia manifiesta.

La causal de contrato para contingencia de la pandemia permite que todos los bienes que se necesiten para mitigar directamente la crisis se puedan contratar sin proceso licitatorio alguno, a través de la declaratoria de urgencia manifiesta de cada entidad contratante.

Bajo esta causal se contrataron mercados solidarios, insumos de protección, materiales para medidas de bioseguridad, obras y ayudas en servicio médico para suplir la demanda. Sin embargo, contratos de elevadas cuantías comenzaron a aparecer en las plataformas con irregularidades por idoneidad, inhabilidades, sobrecostos, acaparamiento, cartelización e inexistencia de población beneficiaria.

Algunos de los casos más sonados en este sentido han sido los de: Ariel Palacios Calderón, gobernador del Chocó; Everth Julio Hawkins Sjogreen; gobernador de San Andrés; y Florencio Rosero Peña, gobernador del Putumayo.

En ese sentido, sigue abierto el caso de Palacios, investigado por un contrato por dos mil millones de pesos con la Fundación Chocó Saludable, una empresa no idónea para el servicio prestado. Se le suspendió de su cargo, pero, por la situación del covid-19, el Ministerio Público decidió levantar la medida en julio del año pasado. Esta llamado a juicio desde marzo de este año.

Hawkins, por su parte, estuvo en detención preventiva hasta hace un mes por un contrato que asciende los 500 millones de pesos y en el que la Fiscalía argumenta que se aprovechó la urgencia manifiesta para contratación directa irregular. Luego está Rosero Peña, quien sigue a la espera de juicio luego de que se le acusara de sobrecostos por 1.100 millones de pesos en un contrato de más de 3.000 millones de pesos, que tenía como objeto la compra de 10 ambulancias medicalizadas para suplir la contingencia.

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