Este 15 de junio se conocieron detalles del documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) que contiene la Política Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
En este, el Gobierno nacional asegura que aprobó y priorizó la atención de más de nueve millones de víctimas del conflicto armado en el país. Según la publicación, con un trabajo y esfuerzo conjunto se aprobaron al menos $142 billones para la asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto durante los próximos 10 años.
El texto asegura que estas inversiones se enfocarán en que más de 2,1 millones de víctimas logren acceder a la indemnización administrativa, se tratará de reunificar al 100 % familias menores que por el desplazamiento fueron separadas. Además, se garantizará el acceso a la libreta militar de lo hombres víctimas que sean mayores de 18 años.
Dice el texto que se espera que 4,6 millones de víctimas de desplazamiento forzado superen los efectos de este crimen con ayuda de la unidad y agrega que aproximadamente 700.000 familias al año recibirán incentivos en salud y educación mediante transferencias monetarias condicionadas.
Sostiene que al menos 96.000 víctimas podrán obtener subsidios para vivienda nueva urbana y otras 68.000 familias podrán optar por dinero para mejorar la vivienda.
En estos próximos 10 años se tendrán más de un millón de víctimas registradas en el sistema del Servicio Público de Empleo para permitir su acceso laboral, y asegura que la meta es alfabetizar 20.000 víctimas mayores de edad y que quieran entrar a la educación formal básica y media.
El dinero también tendrá como objetivo beneficiar a 80.000 víctimas con la financiación para el acceso, permanencia y graduación en la educación superior.
Este presupuesto también contempla los emprendimientos e iniciativas de negocio de más de 250.000 víctimas, se apoyarán negocios ya existentes de 600.000 víctimas y otras 20.000 se verán beneficiadas con programas de generación de ingresos y autoempleo. De estas 12.000 personas con emprendimientos recibirán orientaciones para fortalecerlos mediante asistencia técnica, capitalización o gestión comercial.
Además, se brindará formación profesional a 470.000 víctimas y orientación ocupacional a 230.000 más de las personas afectadas por el conflicto armado. Se espera que 6.000 jóvenes entre los 16 y los 21 años que tengan encargo fiduciario sean capacitados en habilidades blandas.
Con estas y otras acciones se trabajó con 32 entidades y se concertaron 286 acciones a 2031.
Ramón Rodríguez, director de la unidad aseguró que, “este Conpes es una esperanza para los nueve millones de víctimas. Contiene las líneas, acciones y el presupuesto por 142 billones que permitirán la financiación de la ley 2078 que prorroga la ley 1448”.
El director también agradeció a todas las entidades que participaron en este ejercicio, que duró más de seis meses.
Un agradecimiento especial al director de planeación que lideró este proceso que nos permite hoy darles la tranquilidad a las víctimas para cumplirles con la política pública de atención a víctimas.
El documento 4031 de 2021 del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) contiene la Política Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, fue aprobado el pasado viernes 11 de junio.
Los objetivos de política pública establecidas en el CONPES buscan mitigar las afectaciones a la vida e integridad de las personas bajo el conflicto armado; mejorar las condiciones socioeconómicas de las víctimas y avanzar en su reparación integral; afianzar la articulación y superar las fallas en la institucionalidad dispuesta para el cumplimiento de la política pública de víctimas.
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