Procuradora Margarita Cabello respondió al Consejo de Estado y defendió el nuevo Código Disciplinario

Los últimos días legislativos corren en contra del proyecto que radicó la procuradora Margarita Cabello para cumplir con la sentencia de la Corte IDH en garantía de los derechos de funcionarios elegidos popularmente. Mientras se agota el tiempo para su aprobación, desde el Congreso y el Consejo de Estado han surgido varias críticas al proyecto.

Cabello salió este lunes 14 de junio a defender la iniciativa negando varias de las críticas que se han hecho para no impulsar el proyecto que ya fue aprobado en primer debate. Entre las críticas, respondió al Consejo de Estado que alertó sobre las funciones jurisdiccionales que podría atribuirse el Ministerio Público según la iniciativa.

“La Procuraduría no está prevista en la Constitución Política como un cuerpo que forme parte de la rama jurisdiccional, ni puede desempeñar las funciones que a ella le corresponden”, señaló el alto Tribunal, el cual detalló que las decisiones del Ministerio Público podrían someterse a la jurisdicción para solicitar su anulación.

La procuradora Cabello respondió a través de una carta dirigida a la presidenta del Consejo de Estado, Martha Nubia Velásquez Rico, en la que aseguró que las funciones jurisdiccionales establecidas en el proyecto respondían a las contempladas en la Constitución y no a desconocer el alto tribunal.

“En primer lugar, sobre el tema de la atribución de la función jurisdiccional a la Procuraduría General de la Nación frente a su competencia disciplinaria, es claro que la entidad no tiene la pretensión de i) insertar al órgano de control en la rama judicial, pues precisamente la facultad del artículo 116 constitucional no tiene ese alcance; ii) desconocer el principio de división de poderes, en tanto la jurisdicción es una y la función de control es otra, iii) atribuir la función jurisdiccional a órganos o entidades que no están en la rama judicial no los convierte en jueces ni desnaturaliza el carácter de aquellas, es el caso de las superintendencias, concesión esta que, en múltiples ocasiones, ha sido analizada y avalada por la Corte Constitucional”, escribió Cabello.

La jefe del Ministerio Público manifestó que, si bien desde el planteamiento del proyecto se reconoció que no podía desaparecer el control de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, este no podía ser un control automático de legalidad porque “es contrario al derecho a una tutela judicial efectiva”.

“En ese sentido, se diseñó un control que pudiera responder i) a la naturaleza de la decisión producto de la atribución jurisdiccional, en tanto esta deja ser un acto administrativo; ii) a los estándares del derecho a una tutela judicial efectiva y iii) a ratificar la competencia que siempre ha tenido el Consejo de Estado para un control efectivo de las decisiones sancionatorias contra los servidores públicos en el marco de nuestro Estado Social de Derecho, especialmente de los elegidos popularmente”, señaló Cabello.

La procuradora agregó que en la ponencia del segundo debate se desarrolla ese capítulo y que está dispuesta a reunirse con los magistrados para aclarar las dudas que haya sobre el nuevo Código Disciplinario que hace trámite en el Congreso.

Sin embargo, esas no son las únicas críticas del proyecto. Algunos se confundieron y señalaron que con esta reforma prescribirán más de 10.000 procesos contra funcionarios públicos, entre los que se encuentran casos de Odebrecht, corrupción en el PAE, el cartel de la hemofilia, entre otros.

Cabello aseguró: “Es totalmente falso que con el proyecto de reforma al Código General Disciplinario se archivarán más de 10 mil expedientes disciplinarios, por lo contrario, la reforma que estamos tramitando en el Congreso lo que busca precisamente es evitar esos archivos por prescripciones”.

Esos procesos quedarían prescritos en caso de que el proyecto de Cabello no se apruebe, debido a que entraría en vigencia el que redactó el exprocurador Alejandro Ordóñez y que se encuentra suspendido hasta el 1 de julio, en él se dice que aquellos investigaciones preliminares o disciplinarias con más de 5 años que no hayan superado la primera instancia quedarán archivados.

Para algunos congresistas como Roy Barreras o Angélica Lozano, las funciones jurisdiccionales de la Procuraduría podrían otorgarle ‘superpoderes’ que serían riesgosos para los funcionarios públicos de oposición. Frente a lo que Cabello aseguró que “la Procuraduría mantendrá sus actuales facultades investigativas y sancionadoras, de manera imparcial y objetiva”.

Varios congresistas desde partidos políticos distintos, como Juanita Goebertus y Gabriel Santos, han alertado y cuestionado que el proyecto busque la creación de 500 puestos nuevos en la Procuraduría que significarán un amplio aumento del presupuesto de ese órgano de control.

“La Reforma al Código General Disciplinario no busca crear burocracia en la Procuraduría. Con la reforma se adelantará una reorganización interna en el Ministerio Público y será el Departamento Administrativo de la Función Pública quien determine si se requieren nuevos cargos”, dijo Cabello.

Según explicó a Colprensa la procuradora, sí habrá nuevos cargos, debido a que con la sentencia de la Corte IDH se debe separar la función de investigación y juzgamiento de las sanciones contra funcionarios públicos.

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