El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobó la política nacional de atención y reparación integral a las víctimas, que busca atender a 9 millones de personas afectadas por el conflicto armado interno y que se proyecta para que sea aplicada por los próximos 10 años.
Los objetivos de política pública buscan mitigar las afectaciones a la vida e integridad de las personas bajo el conflicto armado; mejorar las condiciones socioeconómicas de las víctimas y avanzar en su reparación integral; afianzar la articulación y superar las fallas en la institucionalidad dispuesta para el cumplimiento de la política pública de víctimas. De acuerdo con la Unidad de Víctimas, se estima que los diferentes sectores del Estado inviertan en un esfuerzo conjunto para recolectar el dinero para la aplicación de la ley 2078.
“Este Conpes es una esperanza para los 9 millones de víctimas. Contiene las líneas, acciones y el presupuesto por 142 billones que permitirán la financiación de la ley 2078 que prorroga la ley 1448”, indicó Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas a Caracol Radio.
Para eso, de acuerdo con Portafolio, se formalizaron mesas de trabajo con 32 entidades en las que se concertaron 286 acciones que se tienen proyectadas hasta el 2031, entre las que destacan que más de 2,1 millones de víctimas del conflicto armado accederán a la indemnización administrativa. Además, se piensa que el proyecto ayudará a que un promedio de 4,6 millones de víctimas de desplazamiento forzado superen la situación de vulnerabilidad mediante el acceso a las acciones encaminadas al restablecimiento socioeconómico.
Por otro lado, se calcula que 700.000 familias al año recibirán incentivos en salud y educación mediante transferencias monetarias condicionadas y cerca de 96.000 víctimas puedan acceder a subsidios para adquirir vivienda nueva urbana, así como más de 68.000 familias se beneficiarán con subsidios para mejorar sus viviendas.
Asimismo, más de 20.000 víctimas mayores de edad serán atendidas en programas de alfabetización (educación formal básica y media) y 80.000 víctimas se beneficiarán con financiación para el acceso, permanencia y graduación en educación superior. En esta misma línea para que las personas puedan acceder con mayor facilidad a los programa y a futuro puedan invertir mejor su dinero, aproximadamente 30.000 personas por año recibirán orientación y asesoría con el fin aportar en la reconstrucción de sus proyectos de vida.
<b>Hasta ahora ¿Cómo va la reparación de las víctimas?</b>
Según un informe de la Unidad de Víctimas, hasta el momento se han realizado 1′235.018 giros, que corresponden a la indemnización (administrativa y judicial) de 1′163.650 víctimas, es decir, un 13% de la población total del registro de víctimas.
En estas indemnizaciones se ha hecho una inversión de 8,1 billones de pesos. Igualmente, según las cifras de la Unidad, se ha entregado la indemnización colectiva a 52 comunidades y pueblos étnicos con una inversión de 13.426 millones de pesos. Además, cerca de 1.810 familiares fueron acompañados en los procesos de búsqueda de 567 víctimas de desaparición forzada.
Y en temas de restitución de tierras, según la Unidad de Restitución, la meta es entregar 3,5 millones de hectáreas a las víctimas para el año 2031. Sin embargo, en la primera década solo se entregaron 394.659 hectáreas, que equivalen al 11%.
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