El pasado mes de diciembre, el Hospital Santa Clara, ubicado en la localidad Antonio Nariño, fue el escenario de una fiesta clandestina de funcionarios del mismo centro asistencial, la cual no contaba con ningún protocolo de bioseguridad, medida de distanciamiento ni uso de tapabocas.
La polémica, denunciada por los concejales Carolina Arbeláez y Andrés Forero, se acrecentó cuando la doctora Claudia Ardila, gerente de la Subred Centro Oriente, le mintió y ocultó información al Concejo de Bogotá. Tanto así, que Claudia López, alcaldesa de la ciudad, pidió su renuncia por “pérdida de confianza” en la funcionaria. La doctora a cargo de la seccional no aceptó la solicitud de la mandataria.
Sin embargo, en marzo, la funcionaria fue suspendida por la Personería de Bogotá por tres meses sin derecho a remuneración a causa de hechos relacionados a lo denunciado por los cabildantes. Ahora, se conoce que, tras cumplir su suspensión, Ardila volverá a su cargo.
Por esto, el concejal Luis Carlos Leal, de la Alianza Verde, se solicitó a la Personería prorrogar la suspensión a la funcionaria y, el pasado jueves, la entidad distrital rechazó el pedido del cabildante. Además de los hechos relacionados con la fiesta, Leal ha elevado denuncias por presuntas irregularidades en contratación, acoso laboral y falta falta de suministro de elementos de bioseguridad para el personal de la salud, entre otras.
“La solicitud de investigación se basa en varias denuncias que hemos recibido del personal de la salud, de usuarios del sistema de la Subred Centro Oriente y fruto del informe de revisoría fiscal presentado a la junta directiva de la misma”, aseveró el cabildante.
De acuerdo con el concejal, la Personería abrió cuatro nuevos procesos contra la funcionaria. Sin embargo, este ni ningún ente de control ha logrado emitir resultados frente al caso. Tampoco, de ese mismo modo, se han tomado medidas para que dichas irregularidades no se repitan. A pesar de conocer las denuncias, dice Leal, ni Procuraduría General de la Nación ni Contraloría General de la República se han pronunciado sobre los hechos.
“No podemos permitir que en un periodo tan sensible para la ciudadanía en general se vulneren los derechos tanto de los trabajadores de la salud como de los usuarios del sistema, permitiendo que una gerente que se encuentra en investigaciones y que ha tenido diferentes denuncias vuelva y se reintegre a sus funciones sin tener claridad en las investigaciones adelantadas“, aseveró Leal, según el comunicado del Concejo.
En el momento de su suspensión, el ente de control abrió una investigación formal contra la servidora Ardila Torres por el presunto retraso en el “deber de denunciar” ante las entidades competentes los hechos ocurridos durante el 4 de diciembre, en los que se habría realizado una fiesta de despedida en esta clínica, ubicada en el centro de la ciudad.
Asimismo, la Personería señaló que esta investigación disciplinaria también corresponde a las supuestas irregularidades relacionadas con el “suministro de información falsa” al Consejo de Bogotá, debido a que la gerente aseguró que no había conocido estos hechos hasta el 15 de enero. Sin embargo, Ardila Torres habría tenido conocimiento de los acontecimientos un día después de ocurridos.
Por último, esta investigación está en curso por las posibles retaliaciones de las cuales fue víctima el funcionario que denunció los hechos. “La suspensión por un término de tres meses es sin derecho a remuneración”, indicó el órgano de control.
Por su parte, Claudia López agradeció al Concejo por la denuncia y pidió la renuncia de la funcionaria, quien no aceptó la solicitud y negó cualquier negligencia sobre los hechos.
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