El pasado miércoles, después de anunciar su elección con anterioridad, el presidente Iván Duque posesionó a Juan Camilo Restrepo como nuevo alto comisionado para la Paz. El antioqueño viene en reemplazo de Miguel Ceballos, quien se retiró del Gobierno en la fecha límite para poder aspirar a la Presidencia de la República en las elecciones de 2022.
Frente a la posesión, el presidente colombiano tuvo a su cargo un discurso que ilustra la postura del Gobierno frente al posconflicto que vive el país, la llamada “paz con legalidad” que ha caracterizado el tratamiento al tema durante toda su administración. “La paz con legalidad no está ideologizada ni sesgada, ni sujeta a interpretaciones amañadas, la paz con legalidad interpreta el sano equilibrio de nuestro escudo de libertad y orden”.
El mandatario recalcó que la idea de un cese al conflicto debe ser acompañada de sanciones ejemplares y, en busca de nuevos acuerdos, los grupos al margen de la ley deben alejarse de la criminalidad.
Además, dijo que el no reconocimiento de los hechos es un riesgo de la manipulación de la paz con objetivos políticos. “Usted tendrá todo el apoyo para seguir construyendo espacios creíbles, donde podamos ver a los ojos al colombiano y decirle que el camino a una paz creíble comienza con la suspensión de los actos criminales y no que el ruido de las armas permita un espacio de aproximación de posiciones”, afirmó el jefe de Estado.
“La función de un Alto Comisionado es promover la cultura de paz y la promoción de la cultura de paz implica el rechazo a cualquier forma de afectación a los derechos colectivos”, aseveró Duque en su intervención.
A pesar de los diversos temas que se trataron, Duque no dudó en darle a Restrepo su voto de confianza frente a la nueva misión bajo su Gobierno. “Estoy seguro, doctor Juan Camilo, que en usted tenemos plena confianza que hará nuevos pasos y guiará el destino de la Consejería a nuevas fronteras”, indicó el presidente. Además de encomendarle paz en los territorios, Duque también está seguro que Restrepo “enarbolará los principios de una paz con legalidad, que no es una paz acomodaticia, ni que pretende ejercer una alquimia donde lo malo se vuelva bueno y lo bueno se vuelva malo”.
Restrepo Gómez tiene un perfil alineado a las características de la mayoría de funcionarios del gobierno de Iván Duque. Es joven, tecnócrata y pertenece a un partido político aliado desde el principio de la administración. El paisa de 41 años es abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, con una especialización en legislación tributaria.
En sus inicios, fue asesor de Sergio Fajardo para la campaña a la Alcaldía de Medellín entre 2005 y 2004. Después, intentó una candidatura a la Cámara de Representantes por el Partido de la U, del cual, posteriormente, fue secretario general.
En 2006, fue asesor legislativo del Ministerio de Defensa. Posteriormente, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, fue viceministro del Interior para las Relaciones Políticas. En su carrera, su foco han sido los temas territoriales y el trabajo comunitario, asegura Colprensa.
Sin embargo, los cuestionamientos vienen principalmente de un cargo reciente de Restrepo Gómez, quien fue presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura) desde el 2 de octubre de 2014 hasta el 22 de abril de 2019, de acuerdo a su hoja de vida en el portal de Función Pública.
Ese gremio en el Urabá antioqueño ha sido cuestionado por la presunta financiación que realizó de grupos paramilitares en la región y el beneficio que obtuvo de la operación de esos grupos criminales.
Respecto a esos cuestionamientos, el ahora alto comisionado para la Paz calificó como legales los aportes que miembros del gremio bananero hicieron a las Convivir, unas cooperativas de vigilancia que terminaron siendo impulso para la conformación y consolidación de los grupos paramilitares.
El portal Verdad Abierta consultó en 2016 a Juan Camilo Restrepo Gómez sobre ese aspecto y él defendió los recursos del sector bananero a las Convivir, porque en ese momento eran grupos de vigilancia privada legales y, según dijo, los dineros entregados fueron auditados por el Estado.
“A mí no me puede demostrar que porque yo daba unos recursos a una entidad de carácter legal que en su momento eran las Convivir amparados por el Estado yo tenga la presunción o la conclusión de decir que eso era una ‘fachada’. Es que eso no es una ‘fachada’, es que así se daba la plata para la Convivir”, afirmó a Verdad Abierta.
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