Fiscalía investigará a alcaldes por presunta omisión durante el paro nacional

El ente acusador analizará el material probatorio y, de ser probada la irresponsabilidad de los mandatarios, responderían por prevaricato; la Procuraduría también analiza estos actos.

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Procuradora Margarita Cabello y fiscal
Procuradora Margarita Cabello y fiscal general Francisco Barbosa. Fotos: Colprensa.

Los desmanes y el vandalismo, ocurridos durante el paro nacional en Colombia, ocasionó que la Fiscalía General de la Nación anunciara que abrirá investigaciones contra mandatarios locales y departamentales por presunta omisión de sus funciones.

En ese sentido, el ente acusador investigará a los alcaldes de varias ciudades por presunto prevaricato, que se presenta cuando un servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley; es decir, incumple las funciones para las que fue elegido.

Además, se analizará si habrían sido incurrido en irresponsabilidad en detener la violencia y destrozos a los bienes públicos que se han presentado en las ciudades que gobiernan, durante las manifestaciones sociales que iniciaron el pasado 28 de abril.

Durante el operativo, la Fiscalía recopilará material gráfico y audiovisual, que sirva como prueba para determinar los momentos en que los actos antes mencionados son verdaderos actos criminales o hacen parte de la protesta social, que es un derecho constitucional.

Esta nueva directriz fue firmada por el mismo fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, donde se estipula que los alcaldes de las urbes nacionales deben propender por la seguridad de la ciudanía evitando, a toda costa, que quienes no protestan salgan afectados.

Recordemos que desde que inició el paro a finales de abril, el ente acusador dispuso a más de 35 equipos de fiscales, policía judicial del CTI, Policía Nacional y personal de Medicina Legal para garantizar la preservación de los derechos humanos, fundamentales y se garantice la justicia.

“El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, desde el 28 de abril, delegó más de 35 equipos conformados por grupos de fiscales, policía judicial del CTI y la Policía Nacional, y personal de Medicina Legal, expertos en cada una de las líneas abordadas para garantizar los derechos fundamentales y el acceso a la justicia”, sostuvo la Fiscalía mediante un comunicado de prensa.

Estas no son las únicas advertencias que han recibido los burgomaestres. De hecho, a finales de mayo, la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Margarita Cabello, envió una misiva a los alcaldes en los municipios de Calima el Darién, Buga, Yotoco, Restrepo y Buenaventura instándolos a que tomen medidas frente a los bloqueos de vías que hacen parte de las jornadas de protesta por el Paro Nacional.

A pesar de la focalización de dicha carta al territorio de Valle del Cauca, la procuradora afirmó que el llamado a actuar es extensivo a todos los mandatarios locales del país.

“Para cumplir el anterior propósito, señor Alcalde, este Despacho lo insta a que adopte las medidas que garanticen el ejercicio del derecho a la protesta pacífica en su jurisdicción, sin restringir el disfrute de los derechos fundamentales del resto de la población, así como al equilibrio entre el goce del derecho y el orden público”, señala el Ministerio Público.

De acuerdo con la procuradora, en caso de no tomar medidas para la rehabilitación del paso vehicular, “podría implicar la violación o impedimento del ejercicio de derechos fundamentales de igual o mayor relevancia, afectándose la convivencia y los intereses legítimos de los ciudadanos”, reza el documento, en poder del noticiero CM&.

De acuerdo con la autoridad, al no focalizar esfuerzos para desbloquear las carreteras, se estaría incurriendo en indiferencia u omisión, “y la omisión tiene consecuencias disciplinarias”. Según el reporte de Semana, los derechos citados en el documento son la libertad de locomoción, la seguridad alimentaria, suministro de oxígeno y medicinas y demás insumos de primera necesidad, así como el traslado de personas enfermas o de personal de atención de emergencias.

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