Consejo de Estado niega reparación a víctimas de Urabá

Este 10 de junio se conoció que el Consejo de Estado negó una millonaria demanda interpuesta por las víctimas de Urabá, que fueron desplazadas por la violencia entre 1980 y 2003.

Los demandantes pedían al Estado que los reparara con $128.000 millones, pero esta petición no prosperó porque, de acuerdo con el fallo del tribunal, “la parte demandante no acreditó que los miembros que conformaban el grupo accionante reuniera condiciones uniformes respecto de una misma causa común, pues el supuesto daño de cada grupo familiar se originó en circunstancias y fechas distintas”.

La demanda, de acuerdo con El Espectador, fue presentada por un gran número de víctimas del conflicto en Urabá y se negó en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 20 de febrero de 2019.

Por eso, recoge Caracol Radio, que el Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Guillermo Sánchez Luque, ratificó la decisión de primera instancia y aseguró que esto se debe a que al ser todas las víctimas accionantes en tiempo, modo y lugar distinto no se puede ordenar una reparación unitaria.

Sobre esta decisión, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado celebró el fallo, pero no puso en duda de que se tratara de víctimas del conflicto armado en esa zona, que fue gravemente afectada por el desplazamiento y las alianzas entre militares y grupos paramilitares

En un comunicado de prensa, la entidad dijo que “no existía claridad en la acreditación de los requisitos que el Consejo de Estado ha establecido para que se pruebe la condición de uniformidad del grupo”.

Esto quiere decir que, no se demostraron “los presupuestos básicos de las personas relacionadas en la demanda como su calidad de desplazado por una incursión paramilitar, su residencia en el lugar donde ocurrió la incursión subversiva y que a la fecha de los hechos ejercían algún tipo de actividad económica o tenían algún tipo de activo en los territorios afectados o en sus zonas aledañas”.

De acuerdo con El Espectador, el Consejo de Estado aceptó este argumento de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y dijo que, “para establecer la causa común del daño señaló que las entidades demandadas omitieron proteger a la población civil en su vida, honra y bienes. Como cada víctima sufrió el presunto daño en circunstancias de tiempo, modo y lugar distinto los miembros del grupo no tienen condiciones similares respecto de esa causa y no es posible una decisión unitaria de la controversia”.

Se cumplen 10 años de la Ley de Víctimas

Esta decisión coincide con los 10 años de la promulgación de la Ley de Víctimas, la cual tiene en su listado a 9.134.347 víctimas individuales registradas y 794 sujetos de reparación colectiva.

Según datos revelados por Caracol Radio, durante la década de existencia, 1.163.650 de personas han sido indemnizadas con una inversión de 8 billones de pesos, lo que deja por fuera a 7.970.697 de víctimas que esperan una reparación.

Además, durante este tiempo, la Unidad de Víctimas se ha consolidado como un actor humanitario vital para el país con más de 142 mil personas atendidas y un presupuesto por encima de los 100 mil millones de pesos. A esto hay que sumarle que ha atendido a 250 mil personas con programas psicosociales.

Cifras de la propia unidad revelan que se han realizado más de 9.3 millones de giros para apoyar a las personas que fueron víctimas de desplazamiento forzado, lo que significa una inversión de 5.8 billones de pesos.

La Unidad para las Víctimas para ampliar las indemnizaciones bajó la edad prioritaria de atención de 74 años a 68 años para cubrir una mayor población afectada por el conflicto.

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