Este 9 de junio, durante una rueda de prensa, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch cuestionó al presidente Iván Duque y a su gobierno por la forma como ha enfrentado el paro nacional.
“Creemos que el discurso, la retórica del presidente de condenar estos hechos, dirigida a condenar e identificar los temas de violencia policial han sido lentos. El presidente ha estado muy lento y no ha estado a la altura de la necesidad de condenar en términos inequívocos las violaciones gravísimas a los derechos humanos que se han producido durante estas semanas de paro”, dijo Vivanco, antes de reunirse con Iván Duque.
Como era de esperarse, las críticas no cayeron muy bien entre el uribismo y los defensores del presidente Duque, el primero en reaccionar de manera airada fue el alto consejero presidencial para la Seguridad, Rafael Guarín, quien atacó a Vivanco por medio de su cuenta de Twitter.
Guarín afirmó que la Política de Convivencia y Seguridad establece que la protesta es un derecho y debe ser objeto de garantías y respeto por el Estado y la Policía y que así lo ha hecho saber el presidente.
Señor Vivanco: Fuera de lugar. No hay ninguna duda en el presidente, ni en nadie en el Gobierno, sobre el carácter repudiable de cualquier violación a los DD. HH. Ante un acto de ese tipo, la condena es inmediata y la demanda de justicia también.
Guarín dijo que así no hubiese paro ni protestas, el gobierno de Duque ha exigido que se cumpla con respeto a los derechos humanos.
“Señor Vivanco: Mala fe acusar de lentitud la condena a violaciones a DDHH. La política diaria es ratificar la obligación de respeto y garantía de los DD. HH. y el carácter inaceptable de conductas que los violen. Esa es condición de legitimidad del Estado y de la misma Fuerza Pública”, señaló Guarín.
Agregó que el Gobierno respalda la jurisprudencia constitucional sobre los casos de violaciones a los DD.HH. y la jurisdicción de la justicia ordinaria y no la penal militar.
Eso no es retórica, es compromiso genuino con no impunidad y protección de víctimas (…) La defensa de los DDHH es un imperativo ético y político del presidente. Para tener credibilidad y prestar un concurso valioso a Colombia se requiere ser objetivo e imparcial. Esté a la altura, señor Vivanco. No haga propaganda, poniendo en duda el respeto del Gobierno a la dignidad humana.
Estas declaraciones también responden al duro informe presentado por Human Rights Watch sobre los abusos de la fuerza pública y la violencia durante el paro nacional, que inició el 28 de abril.
El documento ha recopilado la situación que viven los manifestantes en 21 páginas y comienza con una recomendación al Gobierno nacional encabezado por Iván Duque.
“El gobierno de Colombia debería tomar medidas urgentes para proteger los derechos humanos e iniciar una reforma policial profunda para garantizar que los agentes respeten el derecho de reunión pacífica y los responsables de abusos sean llevados ante la justicia”, se lee en el documento de la ONG.
De acuerdo con la investigación de la ONG, para realizar el documento entrevistaron más de 150 personas de 25 ciudades de Colombia, incluidas víctimas, abogados, testigos, funcionarios judiciales, de la Defensoría del Pueblo y de organizaciones defensoras.
Dice también que se contactaron con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas; el fiscal Francisco Barbosa y el director de la Justicia Penal Militar, Fabio Espitia.
También consultó registros policiales y médicos, necropsias, fotos y videos de las víctimas, publicaciones de organizaciones de derechos humanos, informes de prensa e incluye la valoración que hicieron miembros del Grupo Independiente de Expertos Forenses (IFEG) del Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (IRCT), sobre algunos de los casos de personas que han perdido la vida durante las manifestaciones.
Siguiendo el párrafo inicial, el documento cita a José Miguel Vivanco, director de HRW, quien señala que no se puede ver lo que está pasando con la Policía como caso aislado, como lo ha sostenido el Gobierno.
Las violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía en Colombia no son incidentes aislados de agentes indisciplinados, sino el resultado de fallas estructurales profundas”, puntualizó Vivanco y agregó que, “se necesita una reforma seria que permita separar claramente a la Policía de las Fuerzas Militares y asegurar una supervisión y rendición de cuentas adecuada para impedir que estos abusos vuelvan a ocurrir o queden impunes.
La organización ha recibido denuncias de 68 muertes en el paro nacional. Luego de corroborar los incidentes, se constató que 34 muertes ocurrieron en el contexto de las protestas, de las cuales dos son policías, un investigador judicial y 31 manifestantes o transeúntes.
“Obtuvo evidencias creíbles que indican que la Policía mató al menos a 16 manifestantes o transeúntes con municiones letales disparadas con armas de fuego. En la gran mayoría de estos casos, las víctimas tenían heridas de bala en órganos vitales, como el tórax o la cabeza, lo cual, según aseguraron autoridades judiciales, es consistente con que hayan sido causadas con la intención de matar”, agregó la ONG, que en este también se denuncia el uso de armas por parte de ciudadanos “Personas armadas vestidas de civil también han atacado a manifestantes y han causado la muerte de por lo menos cinco de ellos”, dice en el reporte.
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