Duro informe de Human Rights Watch sobre la violación de derechos humanos en el marco del Paro Nacional en Colombia

La organización estadounidense Human Rights Watch presentará hoy 9 de junio, en Washington, su primer informe sobre el abusos de la fuerza pública y hechos de violencia que se han presentado en el contexto del Paro Nacional que vive Colombia desde el pasado 28 de abril y que se ha prolongado durante mes y medio.

Las protestas comenzó en contra de la fallida reforma tributaria y continua contra las diferentes situaciones que afronta el país como la desigualdad, la agudización de la pobreza, la exacerbación de la violencia y otras problemáticas más. El documento que ha recopilado la situación que viven los manifestantes en 21 páginas, comienza con una recomendación al Gobierno Nacional hoy encabezado por Iván Duque.

“El gobierno de Colombia debería tomar medidas urgentes para proteger los derechos humanos e iniciar una reforma policial profunda para garantizar que los agentes respeten el derecho de reunión pacífica y los responsables de abusos sean llevados ante la justicia”, se lee en el documento de la ONG.

En la investigación que hizo la ONG se entrevistó a más de 150 personas de 25 ciudades de Colombia, incluidas víctimas, abogados, testigos, funcionarios judiciales, de la Defensoría del Pueblo y de organizaciones defensoras. Además, hubo contacto con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas; el fiscal Francisco Barbosa y el director de la Justicia Penal Militar, Fabio Espitia. Así mismo, se consultaron registros policiales y médicos, necropsias, fotos y videos de las víctimas, publicaciones de organizaciones de derechos humanos, informes de prensa e incluye la valoración que hicieron miembros del Grupo Independiente de Expertos Forenses (IFEG) del Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (IRCT), sobre algunos de los casos de personas que han perdido la vida durante las manifestaciones.

Siguiendo el párrafo inicial, el documento cita a José Miguel Vivanco, director de HRW donde señala que no se puede ver lo que esta pasando con la policía como caso aislado, como lo a sostenido el Gobierno.

“Las violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía en Colombia no son incidentes aislados de agentes indisciplinados, sino el resultado de fallas estructurales profundas”, puntualizó Vivanco y agregó que “se necesita una reforma seria que permita separar claramente a la Policía de las Fuerzas Militares y asegurar una supervisión y rendición de cuentas adecuada para impedir que estos abusos vuelvan a ocurrir o queden impunes”.

La organización ha recibido denuncias de 68 muertes en el paro nacional. Luego de corroborar los incidentes, se constató que 34 muertes ocurrieron en el contexto de las protestas, de las cuales dos son policías, un investigador judicial y 31 manifestantes o transeúntes.

“Obtuvo evidencias creíbles que indican que la Policía mató al menos a 16 manifestantes o transeúntes con municiones letales disparadas con armas de fuego. En la gran mayoría de estos casos, las víctimas tenían heridas de bala en órganos vitales, como el tórax o la cabeza, lo cual, según aseguraron autoridades judiciales, es consistente con que hayan sido causadas con la intención de matar”, agregó la ONG, en este también, se denuncia el uso de armas por parte de ciudadanos “Personas armadas vestidas de civil también han atacado a manifestantes y han causado la muerte de por lo menos cinco de ellos”, dice en el reporte.

Además, denuncian que el Esmad irrumpió en manifestaciones que se sostenían de manera pacífica y que acudieron de forma inmediata al usó excesivo de la fuerza, por ejemplo, la Policía habrían disparado gases lacrimógenos de forma imprudente y peligrosa y en el caso del dispositivo Venom dispararon algunas ráfagas desde un ángulo de apenas 10°.

En cuanto a las personas heridas, menciona que hay aproximadamente una 1.100 según datos del Ministerio de Defensa, aunque advierte que es probable que la cifra total sea mayor, dado que muchos casos no se han denunciado ante las autoridades.

Entre los casos de personas heridas Human Rights Watch documentó nueve personas que sufrieron lesiones oculares graves, al parecer como resultado de cartuchos de gases lacrimógenos o proyectiles de impacto cinético disparados con fusiles antidisturbios y también se hace una advertencia que periodistas y defensores de derechos humanos fueron heridos pese a que tenían sus identificaciones.

Sobre las detenciones y capturas, la organización aseguró que “los fiscales han realizado imputaciones desproporcionadas por cargos de ‘terrorismo’ en contra de algunos manifestantes que presuntamente participaron en hechos de vandalismo. Mientras la pena por daño en bien ajeno es de entre 16 y 90 meses de prisión, las penas por terrorismo son de hasta 22 años y medio”, denunció la ONG.

Por otro lado, resaltó que en su mayoría la protesta se ha dado de forma pacífica pero que en algunas situaciones se ha quedado en evidencia la vandalización.

“Aunque la mayoría de las protestas han sido pacíficas, algunos individuos han cometido actos graves de violencia, como quemar estaciones de policía y atacar a policías, dos de los cuales han muerto”, anotó la ONG.

Entre otras violaciones, también documentaron, caso de violencias basadas en el género y señala que aunque HRW sólo documento dos, otras organizaciones han mencionado que han sido más. Por otro lado, se documentaron casos de golpizas y como algunas terminaron en homicidio.

Finalmente, luego de presentar todas las evidencias y relatar los hechos la organización hizo una serie de recomendaciones a las diferentes instrucciones estales y civiles en las que se resalta:

• Se le sugiere al presidente Iván Duque y al general Jorge Luis Vargas que presenten una disculpa, a nombre del Estado, por los abusos policiales cometidos durante las protestas.
• Al Estado que brinde garantías para evitar la estigmatización hacia los manifestantes, brinde reparaciones a las víctimas y convoque un comité que verifique los denominados “traslados por protección”.
• Al Congreso se le sugiere transferir la Policía del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, con el objetivo de asegurar que las funciones policiales estén separadas de las militares entre otras.

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