El pasado 3 de junio, una jueza de Popayán ordenó al Esmad y a la Policía Nacional suspender de manera inmediata el uso del dispositivo Venom durante las protestas sociales en la capital del Cauca. Esta decisión llegó tras una tutela que instauraron ciudadanos que pedían se les protegiera sus derechos a la integridad física en las manifestaciones públicas.
Este miércoles, los congresistas David Racero y Katherine Miranda, presentaron cada uno por su lado, tutelas para que se deje de usar el arma, que lanzar municiones no letales de cartuchos de caucho que se detonan secuencialmente en fragmentos, en rangos de 100 o 200 metros, y que producen estruendos, destellos y “fragmentos de caucho a velocidades punzantes” lo que obliga a dispersar a los manifestantes.
Racero señaló que el Venom ha sido empleado de manera indiscriminada por el Escuadrón Móvil Antidisturbios, e instauró su acción de tutela en contra de la Policía Metropolitana de Bogotá y de la Alcaldía Mayor de Bogotá para prohibir su uso de manera inmediata, así como el uso de las armas letales y de las no letales de manera indebida.
Esta acción de tutela pretende tener efectos similares a la instaurada y fallada por el Juzgado Décimo Administrativo Mixto y de la Oralidad de la ciudad de Popayán, que ordenó el pasado 3 de junio la suspensión del uso de ese dispositivo.
El congresista afirmó que el uso indebido de este artefacto no cumple con las condiciones estimadas por el fabricante, por lo que pone en riesgo, la vida, salud e integridad personal, así como el derecho a la protesta, de los ciudadanos que hoy se manifiestan en el marco del paro nacional.
Uso de Venom en Popayán:
Racero, pidió al juez de tutela que se ordene a la Policía Metropolitana la suspensión provisional de los artefactos ya referidos con la admisión de la demanda. Para respaldar dicha solicitud, ofreció pruebas de los constantes ataques de manera indiscriminada por parte de la fuerza pública a los manifestantes, lo cual ha acarreado lesiones personales, pérdida de ojos e incluso la muerte. Asimismo, demostró con conceptos de expertos como el artefacto se ha usado en contra de los protocolos existentes para su manejo.
“Es menester que se dé primacía al dialogo y a la mediación en las protestas y que la fuerza no sea el principal mecanismo de acción, como lo hemos visto y señalado desde que inició el Paro Nacional. Además, el no suspenderse el uso abusivo y desproporcionado de los equipos y armas empleadas por el ESMAD, aumenta el riesgo de vulneración de derechos humanos y lo peor, el riesgo de perder vidas de jóvenes que piden a gritos una transformación social en Colombia”, dijo.
Por su parte, la representante Katherine Miranda informó que su tutela va en contra del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, también por el uso incorrecto del arma en contra de la población civil y los protestantes.
Aseguró que Venom ha cobrado vidas como la Sebastián Quintero, un joven de 23 años que sufrió el impacto en el cuello de una granada aturdidora lanzada por los antidisturbios en Popayán.
“Hemos alertado sobre el peligroso uso de esta arma en las protestas, no podemos permitir el uso indiscriminado y por lo tanto debe deshabilitarse, no hay posibilidad de controlar la dirección del impacto y sus efectos”, aseguró la representante.
Para Miranda, aunque son consideradas armas “menos letales”, el uso que se le ha dado en las protestas del país como se registra en videos es inadecuado, ya que los cartuchos de gas lacrimógeno y aturdidoras siempre deberían dispararse de forma parabólica, y no de forma directa contra los manifestantes.
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