Este 9 de junio la Contraloría General de la República reportó inconsistencias en los procesos de giros de indemnizaciones, atención y ayuda humanitaria y entrega de subsidios de vivienda urbana de quienes están incluidos en la Ley de Víctimas. Según un ejercicio de control preventivo y concomitante realizado por la entidad, hay personas fallecidas que aparecen en los listados de beneficiarios y estos problemas ya suman más de 82.000 millones de pesos.
Como si este hecho no fuera lo suficientemente alarmante, la Contraloría Delegada para el Posconflicto y la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) aseguraron que las inconsistencias se vienen presentando desde 2012.
El informe de la entidad señala, en principio, las irregularidades frente a la indemnización administrativa a las víctimas del conflicto en el país. Basados en datos de la plataforma Indemniza, se identificó que desde 2012 se han realizado 823.140 giros a 782.605 víctimas por un valor de 5,5 billones de pesos, de esa cifra, 75 personas ya fallecieron.
“Según la base de datos Indemniza, que concentra toda la información de las víctimas identificadas en el país, con corte a marzo de 2021, se encontraron 75 personas fallecidas incluidas como destinatarios con pagos ya realizados y que fueron cobrados con fecha de pago posterior a la fecha de su defunción por un valor de 647 millones de pesos”, indicó la Contraloría en un comunicado de prensa.
Así mismo, se detalló que los pagos irregulares se realizaron principalmente entre 2012 y 2014 y que hasta el momento no hay evidencia de que el dinero haya sido reintegrado al identificar la anomalía.
También hay irregularidades en la indemnización administrativa relacionados a la información de los beneficiarios. Al cruzar datos de Indemniza, con el Registro Único de Víctimas (RUV) y la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se identificaron 665 personas con inconsistencias en los datos de su nombre y apellido y 289 con inconsistencias en el número del documento de identificación. Al primer grupo se les habría girado 4.208 millones de pesos y al segundo 1.941 millones.
De igual manera, la Contraloría evidenció 156 registros, por valor de 801 millones de pesos, con el campo documento vacío en la base de indemnización y 10.770 registros de giros cobrados por valor de 56.696 millones de pesos que cuentan con fecha de giro o reintegro nula.
En cuanto a irregularidades en la entrega de ayudas humanitarias, se encontró que desde 2015 a la fecha se han identificado 1.793.062 familias beneficiarias de ayudas humanitarias con un total de 3.985.301 giros por valor de 2,4 billones de pesos. De ese grupo, se identificaron 493 giros a personas fallecidas, cobrados con posterioridad a la fecha de fallecimiento, por un valor de 228 millones. Se detalló que la mayoría de las inconsistencias se presentó de 2016 a 2018 en Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar, Nariño y Magdalena.
“Realizados los cruces de la base de datos de Ayudas Humanitarias entregadas por la Unidad de Víctimas, con la base de datos de Registraduría Nacional, se identificaron 493 giros a personas fallecidas, cobrados con posterioridad a la fecha de fallecimiento por un valor de $228 millones. La mayoría de estos giros se encuentran entre las vigencias 2016 a 2018. El 65% de estos giros se concentran en su orden en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar, Nariño y Magdalena”, aseguró la Contraloría.
Otras inconsistencias relacionadas a pagos en esta categoría se presentan porque no coincide el nombre de 68 beneficiarios, a quienes se les hicieron 135 giros por 78 millones de pesos; y en 250 casos no coincide el número de identificación de los destinatarios, a quienes se les hicieron 266 giros por 234 millones de pesos.
Por último, se indicó que frente a los Subsidios Familiares de Vivienda Urbana, otorgados por el Ministerio de Vivienda desde 2003, la Contraloría identificó 207 subsidios asignados a personas con fecha de fallecimiento posterior a la entrega. El valor de esta ayuda fue de 3.055 millones de pesos, y se dieron para distintas modalidades, como adquisición de vivienda (86 por ciento), arrendamiento (16 por ciento), mejoramiento/reparación (5 por ciento) y construcción en sitio propio (1 por ciento).
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