El ‘Zar de la Seguridad’ tendrá que pagar siete años de cárcel por corrupción

Tras por lo menos cinco años de proceso, este martes 8 de junio se conoció finalmente la condena en contra de Jorge Arturo Moreno Ojeda, conocido en Colombia como en ‘Zar de la Seguridad’. La sentencia la profirió el juzgado 56 de conocimiento de Bogotá, que le dio al acusado un periodo de siete años y cinco meses de prisión y a pagar una multa de 250 SMLMV.

Lo anterior, luego de que se comprobara que Moreno Ojeda lideró un grupo de siete empresas de servicios de vigilancia privada que, desde 2012, se ganó por lo menos cinco concursos públicos con entidades del Estado colombiano de manera irregular. A causa de ello, se le imputaron cargos por fraude procesal y acuerdos restrictivos de la competencia.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, las acusaciones contra Ojeda se basan en concertaciones que este hacía con representantes legales de otras empresas de seguridad para “alterar de manera ilícita el proceso de selección abreviada de menor cuantía 004 de 2012 adelantado por la Corporación Autónoma Regional De Chivor (Corpochivor), disminuyendo la posibilidad de adjudicación de los demás participantes en el proceso licitatorio”.

En otras palabras, el exempresario lograba que organizaciones pertenecientes a su grupo se presentaran a las licitaciones como competidores, para de esta manera disminuir la cantidad de cupos disponibles para el contrato y finalmente apropiarse de la adjudicación. Gracias a esto, se ganó proyectos con dependencias gubernamentales como el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, Coldeportes, la Secretaría de Integración Social de Bogotá y las Empresas Municipales de Cali.

No obstante, la pieza clave de la investigación fue Corpochivor, pues fue en este que la Fiscalía logró comprobar que en 2012 hubo concertación entre Moreno Ojeda, quien actuaba como controlante de hecho de las empresas Guardianes, Cobasec, Centinel, Expertos, Sejarpi, Insevig y Starcoop, y los representantes legales de Cobasec, Orlando Barrios Giraldo, Centinel, Sandra Milena Álvarez Espinel; Guardianes, Irma Isabel Cavieles Rojas y Starcoop, Victoria Eugenia Cardona Lenis.

Las últimas cuatro, explica la sentencia, se presentaron como competidoras independientes, “constituyéndose como mayoría dentro de la licitación pública, pues de los siete (7) proponentes totales, cuatro (4) de ellos correspondían a un mismo grupo controlado por una misma persona, es decir, por Jorge Arturo Moreno Ojeda. Esto resultaría relevante al momento del método de evaluación de las propuestas, pues tratándose de una subasta inversa y encontrándose regulado el precio, se previó un posible empate por parte de las empresas investigadas, de manera que al recurrirse al sistema de balota tendrían muchas más probabilidades de resultar adjudicatarias”.

Algo similar pasó en el caso de Coldeportes, donde con excepción de Centinel, se volvieron a presentar las mismas empresas, con lo que pudieron conocer el valor de las propuestas de las competidoras, para calcular de mejor manera los criterios establecidos para elegir al contratista que se quedaría con la licitación. Gracias a eso, Starcoop se quedó con el contrato 0181 $1.306.234.910.

Como consecuencia de ello, el juzgado determinó que Moreno Ojeda limitó el proceso de libre competencia y afectó profundamente la transparencia del proceso de contratación estatal. En ese sentido, se le encontró como “responsable y no hay prueba de que haya actuado amparado por alguna circunstancia excluyente de responsabilidad; tampoco emerge del plenario circunstancia alguna que permita entender que actuó conforme a la ley, de lo cual se desprende que su actuar es antijurídico. Igualmente, no surge evidencia de ninguna naturaleza que sugiera su falta de conocimiento de su actuar delictivo y de su capacidad de auto determinarse para actuar conforme a dicha comprensión, esto es, imputable y sujeto a pena privativa de la libertad”.

Valga recordar que, el proceso contra el ‘Zar de la Seguridad’ arrancó en 2016, cuando se presentó el escrito de acusación en su contra, con audiencia de formulación de acusación se realizó el 10 de marzo de 2017. No obstante, el exempresario está en Estados Unidos desde mayo de ese mismo año, por lo que las autoridades buscarán el apoyo de Interpol para formalizar su captura y traerlo a Colombia.

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