Consejo Superior de la Judicatura tiene una deuda de $9,2 billones, según la Contraloría

En un informe especial de Noticias Caracol, se reveló un informe de la Contraloría General de la República en el que se evidencia que el Consejo Superior de la Judicatura estaría quebrado: a su nombre hay deudas que ascienden a los 9,2 billones de pesos. Sus pasivos triplican la cifra que representan sus activos de 2,7 billones de pesos. Los datos se toman con base en la vigencia fiscal de la identidad a corte del año 2020. Según el informativo, el Consejo estaría quebrado.

“Se encontraron incorrecciones por más de 56 mil millones de pesos, lo cual afecta la opinión contable. Se evidenciaron errores contables dentro de los procesos, falta de seguimiento y control a los procesos que se están realizando en contra de la entidad y errores de registro en materia de defensa judicial”, manifestó el contralor delegado para el sector de Justicia, Sebastián Montoya, en testimonios recopilados por ese medio de comunicación.

En un documento, al que tuvo acceso el informativo, se lee que los hechos salen a la luz luego de una Auditoria Financiera hecha a los Estados Financieros del Consejo Superior de la Judicatura, “con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política”. Esto comprendió el balance general, el estado de la actividad financiera, económica, social y ambiental, las notas de estados financieros y la información presupuestal.

La Contraloría, en su reporte, expuso que algunas de las deficiencias que llevaron al adeudamiento del Consejo tienen que ver con procesos de contratación para adquisiciones de bienes y servicios; con reiteradas suspensiones o modificaciones; con pagos adicionales por obras no previstas; procesos de contratación de obras civiles fallidas, y procesos de compra de software sin soportes de entrega.

Estas novedades, explicó el entre investigador, ascenderían a 98 hallazgos discales departamentales en donde se destacan Antioquia; Caldas; Huila; Meta; Norte de Santander; Santander; Tolima y Valle del Cauca. La Contraloría aseguró que, “no obstante haberse realizado los procesos de apropiación presupuestal (...) no se ha satisfecho la necesidad planteada inicialmente para fortalecimiento de la infraestructura física de apoyo y descongestión de la justicia en Colombia, pues no existen las obras, o existen inconclusas”.

Además del hallazgo de la billonaria deuda, la Contraloría advirtió que existieron limitaciones en el suministro de la información requerida para la auditoría, lo que no permitió que el alcance del proceso no ahondara mucho más en demás aspectos dentro del Consejo. “El equipo auditor determinó que los controles diseñados dentro de la entidad no son suficientes para contrarrestar los riesgos que allí se tienen”, agregó el contralor Montoya.

Ante la información conseguida y expuesta por parte de la Contraloría, este mismo ente le dio un plazo de 20 días, al Consejo Superior de la Judicatura, para entregar todo un plan con estrategias que permitan mejorar la situación que atraviesan en la actualidad. Desde el ente de control se calificó como ‘graves’ aquellas deficiencias encontradas en los estados financieros.

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