Fiscalía imputará cargos a policía involucrado en presunto abuso sexual a menor que se suicidó en Popayán

Este 7 de junio se conoció que la Fiscalía General de la Nación imputará cargos a uno de los policías que participó en el procedimiento de traslado de la menor de 17 años a una URI en Popayán, quien luego de haber sido presuntamente abusada sexualmente se quitó la vida.

El ente investigador hizo la aclaración en el informe que le entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que vino a revisar las denuncias de violaciones de derechos humanos durante los más de 30 días de protestas en el país.

DE acuerdo con El Tiempo, el informe tiene poco más de 35 páginas y asegura que se radicó una resolución para examinar el enfoque de género de las denuncias sobre casos de violencia sexual, intrafamiliar, explotación sexual y más conductas de este tipo dentro de las protestas pacíficas.

Según el informe, hay denuncias de 14 mujeres que habrían sido víctimas de violencia sexual, de estas 13 son civiles atacadas por la Policía y una es una uniformada que fue violentada por encapuchados.

El caso que anuncia la Fiscalía será investigado es el de la menor de 17 años que fue trasladada de manera irregular hasta una URI, en Popayán. Allí fue entregada a su abuela y al día siguiente reveló que fue abusada por los uniformados. Este acto hizo que se quitara la vida, no sin antes señalar a sus agresores.

A pesar de esto, los investigadores insisten en que la menor hubiese sido víctima de acceso carnal violento en la URI, pero dicen que si se presentaron tocamientos ilegales y exceso de fuerza.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó de manera enérgica los hechos de violencia sexual presuntamente cometidos por miembros de la Policía de Colombia contra mujeres adolescentes durante las manifestaciones del 12 de mayo en Popayán, Cauca.

Este anuncio de la organización internacional se da días después que se conociera la denuncia por parte de dos jóvenes, de 17 años, quienes habrían sido víctimas de violencia sexual por miembros de la Fuerza Pública durante la noche del miércoles mientras se desarrollaba una jornada del paro nacional.

Una de las adolescentes, según indicaron organizaciones sociales, se habría quitado la vida luego de denunciar a través de redes sociales que había sido abusada sexualmente por parte de varios uniformados de la Policía, razón por la cual se investiga correlación entre estos hechos.

“Al respecto, la CIDH exhorta al Estado de Colombia a investigar los hechos con debida diligencia reforzada y sancionar a los responsables, reforzar los mecanismos de respuesta a la violencia contra las mujeres, y brindar capacitación a personas que integran la Fuerza Pública”, indicó la Comisión.

Por su parte, la otra menor denunció intimidaciones por parte de uno de los uniformados de la Policía, quien le habría dicho según el relato de la menor que “la quería lamer y la quería violar, y que se bajara los pantalones” luego de haberla subido a una moto de la institución donde habría sido trasladada a la Unidad de Reacción Inmediata (URI).

A su vez, la abogada de derechos humanos, Lizeth Montero, le contó a El Espectador que la madre de esta joven pertenecía a la brigada que estaba atendiendo a los manifestantes debido a que es funcionara de la salud, y en uno de los momentos de la noche se separó de su hija que terminó junto a otros tres adolescentes llevados a la fuerza y golpeados por agentes del Esmad.

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos recuerda que la violencia sexual cometida por agentes estatales, en abuso de su poder y aprovechando la vulnerabilidad de la víctima, es una forma de tortura”, indicó el organismo internacional.

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