La Defensoría del Pueblo, en información destacada por RCN Radio, alertó sobre la cantidad de casos que han reportado respecto a desplazamientos forzados desde que comenzó el paro nacional, el pasado 28 de abril. A corte del 4 de junio, se han presentado 20 de este tipo de hechos. Estos actos violentos han hecho que 3.101 familias tengan que salir bajo amenazas de sus casas, es decir, unas 8.902 personas. A estas personas se unen 3.635 que, ante las disputas entre grupos armados al margen de la ley, tienen que mantenerse encerradas para intentar salvaguardar sus vidas. Esta información fue expuesta por el defensor, Carlos Camargo.
“Lo que se observa es que persiste en el país la dinámica de afectaciones a las población que es víctima de la movilidad humana forzada, con ocasión del conflicto armado interno y/o por factores conexos a este”, se lee en el documento expuesto por la entidad.
Según lo que explica la defensoría, hay varias causas referentes a este tipo de delitos en contra de la población, entre ellas están “amenazas proferidas por presuntos integrantes de grupos de disidencias de las FARC-EP; disputas territoriales entre varios grupos armados ilegales (como el ELN, disidencias de las FARC-EP, el grupo sucesor del paramilitarismo AGC); hostigamientos de presuntos integrantes de estructuras disidentes de las FARC EP y grupos armados ilegales en respuesta a acciones de erradicación de cultivos de uso ilícito por parte del Ejercito Nacional; erradicación forzada de cultivos de uso ilícito; disputa de actores armados ilegales por el control territorial (...)”.
Estas cifras y estos hechos se unen a lo reportado entre enero y junio. En total, anunció la Defensoría, “desde el mes de enero y hasta el 4 de junio de 2021 se registra un total de 97 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afecta aproximadamente a 14.208 familias, (41.999 personas); 63 eventos de confinamiento que afecta aproximadamente a 32.923, personas de 181 comunidades; y 68 reportes de riesgo”.
En la región del pacífico se resaltaron los casos del departamento de Nariño, en donde se presentaron 14 eventos de desplazamiento forzado que afectaron a 2.785 familias (7.856 personas); 2 eventos de riesgo, y un confinamiento que afectó a 426 familias. En el departamento de Cauca se registraron 2 eventos de desplazamiento masivo que afectó a 141 familias (383) personas y, 3 eventos de riesgo. En el departamento del Valle del Cauca hubo 3 eventos de riesgo; y en el departamento del Chocó hubo un confinamiento, a casusa de la violencia, que afectó a 572 familias (2.569 personas), y dos situaciones de riesgo.
El Caribe, desde el departamento de La Guajira, presentó un evento de riesgo, mientras que el departamento de Córdoba tuvo 2 reportes de seguimiento a la atención humanitaria a la población indígena embera katio y campesinos en situación de desplazamiento forzado, en Montería y en riveras de Rio Verde.
La región Andina, en el departamento de Antioquia, presentó un evento de desplazamiento forzado que afectó a 47 familias (176 personas); un confinamiento que afectó a 112 familias (528 personas), y un evento de riesgo. El departamento de Risaralda registro un evento de desplazamiento masivo forzado que afectó a 95 familias (389) personas. En el Norte de Santander se vivieron 2 eventos de desplazamiento en los que se afectó a 33 familias (98 personas).
En la Orinoquia, en el departamento de Arauca, se presentó un evento de riesgo de desplazamiento forzado; y en la Amazonía, en el departamento de Guaviare, se registró un evento de riesgo. Putumayo tuvo un evento de confinamiento que afectó a 112 personas; y un evento de riesgo de desplazamiento forzado.
El informe resaltó el caso particular de los municipios denominados Triángulo del Telembí conformado por Roberto Payán, Magüí Payán y Barbacoas, que se ha convertido en un epicentro de combates entre diferentes grupos armados ilegales. Esto hizo que en lo corrido del 27 de mayo al 4 de junio de 2021 se presentaran 13 eventos de desplazamiento forzado masivo (2.687 familias, 7.583 personas aproximadamente), y un evento de riesgo de desplazamiento (en el municipio de Tumaco).
“Es Importe recordar que las comunidades de la Costa Pacífica Nariñense, por largos años han sido víctimas de la violencia ocasionada por los diferentes actores armados que hacen presencia allí, por lo que la Corte Constitucional ha amparado a estas comunidades con el propósito de evitar que se concreten los riesgos advertidos y que se continúen vulnerando los derechos de las comunidades de la Costa Nariñense (...) Es necesario que el gobierno nacional adopte las medidas que sean necesarias para superar esta nueva crisis humanitaria que se está presentando en la Costa Pacífica Nariñense”.
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