Hay polémica por un oficio que sacó la Procuraduría Provincial de Facatativá en el que pide a concejales de ese municipio evitar realizar publicaciones en sus redes sociales sobre cualquier provocación que se dé en medio del paro nacional.
“Por medio del presente escrito les informo que, a través de auto de la fecha, el señor Procurador Provincial de Facatativá, ordenó requerirlos a fin que se abstengan de participar en cualquier acto, provocación, publicación en redes sociales o instigación a la población para que participe en actos que alteren el orden público en general, en el marco del paro nacional que se adelanta en el país, en el entendido que como funcionarios públicos están llamados a mantener y preservar el orden constitucional y legal”, dicta el texto.
Eso sí, el ente insistió que el oficio debe ser “sin perjuicio de ejercer el libre derecho a la protesta de manera pacífica”.
El texto fue rechazado por miembros del Concejo de Facatativá entre ellos el concejal animalista David Perdigón quién lo consideró un atentado a la libertad de expresión.
La Procuraduría General de la Nación anunció que dispuso de todo su recurso técnico y humano, en especial, procuradores delegados, regionales, provinciales y distritales, con el fin de adelantar todas las acciones preventivas, disciplinarias y de intervención judicial que se requieran frente a cualquier acto que desdibuje la legitimidad de las movilizaciones.
En este sentido aseguró que combatirá todas las violencias, y ampliará el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución del 1991; con corte a 1 de junio se adelantan 154 acciones disciplinarias que buscan la garantía de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos (quienes protestan y quienes deciden no hacerlo). Así como el esclarecimiento de los hechos que involucran violaciones a los derechos humanos.
Respecto de estas la Procuraduría ha dispuesto medidas para recaudar información sobre los hechos con funcionarios de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, quienes han acompañado la recolección de pruebas, entre ellas la visita a los expedientes disciplinarios de la Inspección General de la Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Justicia Penal Militar y otras denuncias, en las cuales se constituyeron agencias especiales del Ministerio Público que adelantan el seguimiento a las actuaciones penales en representación de los intereses de la sociedad y las garantías del debido proceso.
Balance:
- Se adelantan 127 actuaciones disciplinarias contra funcionarios de la fuerza pública, con ocasión de sus intervenciones en los actos de protesta. De estas, tres (3) son investigaciones disciplinarias, y las demás son indagaciones preliminares.
- Diez (10) expedientes contra otros funcionarios públicos, entre ellos: investigación disciplinaria contra una funcionaria de la Defensoría del Pueblo por presunta obstrucción de procedimiento de policía. Y una indagación al gerente de la ESE Hospital San Joaquín del municipio de Nariño (Antioquia) por manifestaciones públicas contra manifestantes.
- 17 actuaciones se adelantan contra funcionarios públicos de elección popular por posible incumplimiento de sus deberes o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, detalladas así:
-Tres (3) congresistas son investigados disciplinariamente: Dos miembros del Senado y una integrante de la Cámara de Representantes.
- Siete alcaldes: Cartagena, Pasto, Pereira, Neiva y Villavicencio (5 indagaciones preliminares); y Paipa, Zipaquirá (2 investigaciones disciplinarias).
- Una indagación preliminar al Gobernador del Magdalena.
- Seis (6) Concejales: La Tebaida (Quindío), Ibagué (Tolima), Bogotá DC, Riosucio (Caldas), Girón (Santander) y Guarne (Antioquia). Todos en indagación preliminar.
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