CIDH en Colombia, una visita vital para la garantía de los derechos humanos en medio de las protestas

Después de guardar silencio durante varios días desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado consentimiento para visitar el país, la semana pasada el Gobierno de Colombia presentó versiones confusas y contradictorias sobre su postura frente a la visita solicitada por el órgano internacional.

Inicialmente, el Gobierno hizo énfasis en que la CIDH podía venir después de permitir que las investigaciones internas terminaran. Después insistió en que la visita se realizara después de la audiencia a la que convocó la CIDH, por iniciativa propia, para finales de junio, en el marco del 180 período de sesiones. En medio del estallido social que vive el país y de las violaciones a los derechos humanos, es necesario que haya claridad y transparencia, por eso es tan importante que la visita haya sido confirmada, finalmente, para el 8 de junio.

En años recientes, cada vez que alguno de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), que incluye a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hace algo que incomoda al actual Gobierno, se invoca el llamado “principio de subsidiariedad”. Esta figura hace referencia a que sistemas regionales de derechos humanos como el SIDH solo pueden intervenir cuando las autoridades nacionales no han operado de manera oportuna y adecuada.

Sin embargo, esta lógica no aplica para visitas como la que está solicitando la CIDH, sino para la ejecución de otras funciones del sistema, como, por ejemplo, la presentación de peticiones individuales por parte de personas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos.

Cabe recordar que la CIDH puede realizar visitas a los Estados con el fin de monitorear la situación de derechos humanos en el país, especialmente en momentos de crisis como el que enfrenta Colombia. Para la realización de la visita, no es necesario que hayan culminado las investigaciones internas, tampoco que se presenten informes, ni es obligatorio esperar a la audiencia a finales de junio. En otras palabras, no había razones para darle más largas.

La presencia de la CIDH será muy útil por varias razones.  La primera es que cumplirá una función de monitoreo complementaria a la de los órganos internos, pues tiene la posibilidad de  entrevistar a víctimas, funcionarios públicos y organizaciones de la sociedad civil. Igualmente, al final de su visita, puede emitir un informe sobre la situación y plantear recomendaciones al Estado. La segunda es que, seguramente, ayudará a disminuir las violencias y a calmar las tensiones de forma democrática. Y, en tercer lugar, es una muestra positiva por parte del Gobierno frente a sus ciudadanos y la comunidad internacional en materia de respeto a sus obligaciones internacionales de derechos humanos. Sin embargo, este compromiso no se agota en simplemente permitir la visita: el Gobierno debe asegurarse de que las autoridades estatales garanticen a la CIDH acceso a la información que requiera y también facilidades para el desarrollo de su misión.

Un tema que no puede quedar por fuera de esta visita es la violencia de género, que en contextos represivos y de violencia estatal suele ser invisible y, lo que es peor, normalizada.  Según la organización Sisma Mujer, la fuerza pública ha cometido distintas formas de violencia de género en el marco de las protestas, incluyendo violación, tratos degradantes por razón de género, agresiones verbales de connotación sexual o sexista, comentarios sobre el cuerpo, desnudamientos, amenazas de cometer violencia sexual, acoso sexual y tocamientos contra mujeres que se manifiestan en las calles. Algunos de estos casos han sucedido bajo custodia del Estado en detenciones arbitrarias. Si bien la Defensoría del Pueblo ha registrado por lo menos 106 casos de violencia basada en género, es importante recordar que con este tipo de violencias suele haber un alto subregistro debido al estigma y normalización que las acompaña.

Además, aunque la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos enfatizan la importancia de investigar estos casos con debida diligencia y con perspectiva de género, instituciones como la Fiscalía no están operando acorde a estas obligaciones.

Por el contrario, en casos mediáticos como el de la adolescente que se suicidó luego de denunciar en redes sociales haber sido víctima de abuso sexual por parte del ESMAD, la respuesta de la Fiscalía fue dar declaraciones apresuradas descartando la ocurrencia de violación sexual, sin considerar la posibilidad de otro tipo de abusos o agresiones sexuales, y sin hacer mención a que es inaceptable que miembros de la fuerza pública ejerzan autoridad por medio de estas formas de violencia.

Autoridades como la Fiscalía deben responder con la mayor rigurosidad posible frente a este tipo de denuncias. Precisamente, dentro de las recomendaciones que realice la CIDH después de su visita, pueden incluirse sugerencias y guías a los órganos internos para cumplir adecuadamente con las obligaciones internacionales reforzadas que tiene el Estado en materia de violencia de género.

*María Cecilia Ibáñez, abogada de Women’s Link Worldwide