Gustavo Petro denunciará a congresistas que apoyen la reforma al Código Disciplinario

El senador se opuso al proyecto que busca darle poderes judiciales a la Procuraduría General y que propuso Margarita Cabello tras el fallo de la Corte IDH por el caso que el mismo Petro protagonizó.

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En la foto: El Senador Gustavo Petro. (Colprensa - Álvaro Tavera).
En la foto: El Senador Gustavo Petro. (Colprensa - Álvaro Tavera).

Este jueves en las sesiones conjuntas de las Comisiones Primeras de Senado y Cámara se debate el proyecto de ley que busca una reforma a fondo del Código Disciplinario que propuso la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Margarita Cabello. Una iniciativa que plantea cambios drásticos del Ministerio Público y que no convence a la oposición, que ha denunciado en estos últimos días que aprobarlo sería entregar superpoderes de juez a la procuradora.

La reforma se presenta luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) instara al Estado colombiano ajustar las competencias sancionatorias de la entidad en investigaciones contra servidores públicos de elección popular por casos de corrupción y violación de derechos humanos, por el caso de Gustavo Petro que fue destituido cuando fue alcalde de Bogotá de manera irregular por el exprocurador Alejandro Ordóñez.

En el debate, el propio Petro señaló que este proyecto no cumple con lo ordenado por la Corte IDH sino al contrario, desacata la sentencia. “El Senado con su votación asume la conducta de desacato a la justicia, porque la Corte constitucionalmente es tan válida como cualquiera de las cortes de la naturalidad territorial colombiana”, señaló el político de oposición.

Así mismo, aseguró que las comisiones que están debatiendo el proyecto no tienen claro lo que dictó el fallo de la Corte IDH sobre los cambios que debe tener la Procuraduría. “El decisión del procurador Ordóñez, que no era ningún juez penal para quitarme por 15 años los derechos políticos, fue suspendida, pero no fue suspendida solo por la Corte sino que antes fue suspendida por el Consejo de Estado, que acogió la tesis que no se podía destituir funcionarios de elección popular quitándoles los derechos políticos”, explicó.

Gustavo Petro expresó que para la clase política tradicional el fallo de la corte internacional fue carreta y que también lo fue la carta del Estado en el que reconoció que violó los derechos de la Convención Americana. “Hoy se está demostrando que la actitud de la procuradora Cabello y de los congresistas es no acatar el sistema interamericana de derechos humanos”.

El senador aseguró que ante la visita de la CIDH a Colombia por el tema de las protestas, denunciará este proyecto de reforma al Código Disciplinario. “Lo que quiere es darle funciones judiciales a funcionarios del Ejecutivo, eso es lo que están aprobando, eso es propio de las dictaduras”, manifestó.

Petro además advirtió que denunciará ante la Corte Suprema a los congresistas que apoyen la iniciativa. “Las comisiones primeras del Senado y Cámara están a punto de aprobar el desacato de la sentencia de la Corte IDH sobre prohibición de quitar derechos políticos que no sea por sentencia penal. Se trata de un delito cuya denuncia pondré ante la Corte Suprema de Justicia”, dijo.

Sobre este proceso, también se denunció que horas antes de que en el Congreso empezara el debate a la reforma, varios congresistas fueron notificados de tener indagaciones en la Procuraduría.

La consecuencia que estas investigaciones suscita es que los parlamentarios indagados deberán declararse impedidos para votar sobre esta reforma la cual, desde que fue radicada, no apoyan. Entre los representantes afectados se destacan Ángela María Robledo, Inti Asprilla, María José Pizarro y el senador Alexander López, quienes denunciaron que se trata de un hostigamiento por parte del Ministerio Público.

“Alerta, hoy en Comisión I de Cámara se discute proyecto de ley de la procuradora Cabello con el que pretende hacerle trampa a la Corte IDH, conseguir facultades extraordinarias que amenazan la democracia y contratar a dedo un batallón de funcionarios con enorme costo fiscal”, señaló Robledo.

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