La Defensoría del Pueblo pidió acatar la alerta por presencia de grupos armados en Bogotá y Cundinamarca

El pasado 31 de mayo, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en la que advirtió a las autoridades de Cundinamarca sobre la presencia de grupos armados ilegales en el departamento. Según la entidad, los subversivos están realizando acciones ilegales desde Bogotá y otros 12 municipios aledaños a la capital colombiana.

“La población que se encuentra en potencial riesgo habita o realiza actividades en los sectores identificados en la descripción del escenario, esto es, diez (10) localidades de Bogotá D.C. y doce (12) municipios del departamento de Cundinamarca. Sobre esta conurbación se disponen dos (2) corredores de movilidad utilizados por grupos armados ilegales para dinamizar economías ilegales, entre otras fuentes de financiación, a partir de la comisión de delitos de alto impacto que afectan las comunidades que se asientan en estos territorios”, se lee en la alerta emitida por la Defensoría.

Según la entidad, de las 22 localidades que hay en Bogotá, los subversivos estarían haciendo presencia en diez: Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, Kennedy, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Fontibón, Engativá, Suba y Usaquén. Además, los municipios que también se ven perjudicados por el hecho son Soacha, Sibaté, Mosquera, Funza, Cota, Chía, Sopó, La Calera, Guasca, Choachí, Ubaque y Chipaque.

Al día siguiente de esta alerta, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, reaccionó de manera sorpresiva afirmando que, “Tenemos una gran preocupación, una gran extrañeza en entender cómo se pueden evidenciar esas alertas en un departamento sin que ninguna otra entidad u organismo que hace presencia lo haya detectado”, aseguró el mandatario departamental.

Así mismo, explicó que Cundinamarca es el primer departamento del país libre de presencia de grupos al margen de la ley y de cultivos ilícitos, desde hace muchos años gracias al trabajo de muchos cundinamarqueses y de muchas fuerzas vivas del departamento”.

Ante las criticas del mandatario departamental, la Defensoría expresó este miércoles que esta alerta es de prevención y por eso en 10 días tiene que tener un plan de acción que minimice los riesgos para la población civil.

“Nosotros le explicamos al gobernador que hay una tercerización de bandas criminales, que como no levantar la mano como Defensoría para advertir que de no darse las condiciones y de no trabajar en un plan de choque que pueda prevenir la presencia de estos actores la población civil es la que se afectará”

Igualmente, la Defensoría explicó que es clave que los departamentos de acojan a estas alertas y se tomen las debidas medidas entes de que los grupos armados se tomen los territorios.

Sobre la alerta emitida por la entidad

En el documento publicado el 31 de mayo, además de especificar las zonas de la capital y del departamento de Cundinamarca que aparentemente tienen presencia de grupos armados, la Defensoría del Pueblo comunicó que dentro de los grupos que estarían operando en la zona se encuentran las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como ‘Clan del Golfo’, el Frente de Guerra Urbano del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). Además, harían presencia otros grupos ‘narcoparamilitares’ como las Águilas Negras, ‘Los Paisas’ y ‘Los Boyacos’.

Las autoridades aseguraron que para sostenerse económicamente, los subversivos realizan préstamos de usura y otras acciones más preocupantes como narcotráfico y contrabando. Además, según el ente investigador, entre los mismos grupos ilegales se presentan disputas por el control de los corredores de movilidad para determinar quién logra tener una mayor incidencia en el territorio y así aumentar su poder, no sólo local, sino nacional y hasta transnacional.

La Defensoría señaló que para ejecutar con éxito estas acciones se recurre a la violencia, por lo que los habitantes de Bogotá y los 12 municipios mencionados están expuestos a ser extorsionados, amenazados, desaparecidos o asesinados. En la alerta también se indica que los subversivos podrían estar raptando niñas y mujeres para ser violentadas sexualmente o involucrarlas en redes de tráfico de personas.

Esta fue la alerta emitida por la Defensoría del Pueblo:

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