Denuncian que casi mil personas han resultado heridas por la fuerza pública durante el paro nacional

En las últimas semanas se han presentado 74 casos de lesiones oculares y 87 de personas heridas por arma de fuego.

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Integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios
Integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) enfrentan manifestantes durante una nueva jornada de protestas en el marco del Paro Nacional en el sector de Usme, sur de Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda /Archivo

Luego de 36 días de paro nacional, que se cumplen este miércoles 2 de junio, una red de organizaciones, por medio de su campaña ‘Defender la Libertad’, entregó un nuevo balance de las presuntas vulneraciones a los derechos humanos.

De acuerdo con el reporte presentado, 988 personas fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el ESMAD, de las cuales 427 son hombres, 84 son mujeres y 470 aún no reportan su género.

“Esto explica la negativa de muchas personas heridas de iniciar la correspondiente denuncia penal o a simplemente compartir sus datos personales, debido al temor de sufrir represalias, como la de verse involucradas en un proceso judicial y ser estigmatizadas por ejercer el derecho a la protesta social”, se lee en el informe.

De igual forma, en las últimas semanas se han presentado 74 casos de lesiones oculares y 87 los casos de personas heridas por arma de fuego, mientras que 151 defensores de derechos humanos han sido agredidos en el marco de su labor de acompañamiento a las jornadas de protesta social.

Según las organizaciones, estas situaciones se han presentado en diversas modalidades como amenazas, golpes, detenciones arbitrarias, señalamientos, hostigamiento, estigmatización y ataques de personas armadas no identificadas.

Asimismo, el informe señaló que de los 76 homicidios que se han reportado en el marco del paro nacional, 34 de estos fueron cometidos, presuntamente, por el accionar de la fuerza pública.

Respecto a la violencia de género, 87 personas han sufrido violencia de este tipo que incluyen acosos sexuales, tocamientos, violaciones sexuales, amenazas de violación o cualquier acto que involucre afectación de la libertad e integridad sexual.

Además, se reportaron 491 mujeres víctimas de violencias policiales, de las cuales 337 fueron detenidas en su gran mayoría de manera arbitraria, 84 fueron heridas y 2 asesinadas presuntamente por las autoridades.

Durante el último mes, se han registrado 1.273 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial por parte de las Comisiones de Verificación e Intervención CVI, organizaciones de Derechos Humanos y la misma ciudadanía.

De acuerdo con el trabajo realizado en la Mesa de Trabajo de Búsqueda de Personas Desaparecidas de organizaciones sociales, hay 346 personas no ubicadas, sin embargo, esta cifra no coincide con las entidades del Estado como la Defensoría del Pueblo (89) y la Fiscalía General (129).

“Este panorama es crítico, toda vez que demuestra la ausencia de claridad y coordinación entre las instituciones para desempeñar el urgente rol de documentar, atender y dar seguimiento eficiente y en tiempos oportunos, a los casos de desaparición forzada, que en muchas ocasiones se da en medio de detenciones arbitrarias o intervenciones de la fuerza pública a jornadas de protesta social pacífica”, dicen las organizaciones ante las cifras.

En el documento, la campaña aprovechó para hacer un llamado a las instituciones y organizaciones a nivel nacional e internacional sobre las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se han presentado, específicamente, en el Valle del Cauca.

Cabe recalcar que, el próximo 8 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dará inicio, oficialmente, a su visita en el país para constatar los hechos de violencia que se registran desde hace más de 30 días en el país.

“En el marco de la visita, la comisión se reunirá con diversos sectores representativos de la sociedad colombiana, incluyendo autoridades gubernamentales de los distintos niveles de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial; representantes de las organizaciones de la sociedad civil, colectivos, agrupaciones, sindicatos y otros representantes de sectores afectados por las protestas”, indicó la CIDH.

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