Este 2 de junio, la Jurisdicción Especial para la Paz presentó un informe de inspección judicial a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) luego de examinar los laboratorios de Osteología Antropológica de la Universidad de Antioquia.
Según el documento de resultados, encontraron que hay adecuaciones físicas no aptas para conservar cadáveres, cuerpos mezclados e incluso se habrían lavado cadáveres con hipoclorito de alta densidad, lo que pudo borrar los sistemas de identificación de ADN.
Esto se debe a que, desde el 5 de noviembre de 2019, el tribunal transicional decretó una medida cautelar de protección sobre los cuerpos que tenía el laboratorio, en donde hay cadáveres que llegaron desde los cementerios desde Orobajo, Barbacoas y la Fortuna, zonas que se vieron afectadas por el proyecto de Hidroituango.
De acuerdo con la JEP, más de 2.094 víctimas de desaparición forzada provienen de esa área y muchas de esas personas fueron inhumadas por grupos ilegales y habrían quedado en el terreno que luego fue inundado por la represa.
En la audiencia, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP puso sobre la mesa la posibilidad de que muchas de las víctimas se encuentren en el laboratorio de la Universidad de Antioquia.
El magistrado Gustavo Salazar sostuvo durante la diligencia que, “no se puede permitir que colecciones de cuerpos de personas dadas por desaparecidas estén en universidades o cualquier otro tipo de institución”.
La medida cautelar hizo que muchas zonas del laboratorio fueran restringidas y únicamente podrían entrar personas que trabajaran con la UIA, Medicina Legal y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
“En total se entregaron a Medicina Legal 79 cuerpos que provenían de los cementerios Universal y Orobajo. Estamos a la espera del resultado del análisis forense e identificaciones de los mismos, que permitirá confirmar si los cuerpos presentaron muerte violenta en el marco del conflicto armado”, aseguraron desde la UBPD.
¿Por qué se investiga el laboratorio de la Universidad de Antioquia?
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y el movimiento Ríos Vivos pidieron proteger los cuerpos en 2018 a través de una petición formulada ante la JEP.
El abogado del Movice, Alirio Uribe, quien acompaña a Ríos Vivos en el proceso ante el tribunal especial, aseguró que, “Dentro del interrogatorio de la audiencia se cuestionó a la coordinadora del Laboratorio de Antropología Osteológica y Forense de la universidad para que aclarara por qué ellos terminaron tomando restos de más de 394 cuerpos de tres cementerios y por qué esas personas no estaban identificadas”.
El magistrado Salazar, durante la audiencia judicial, dijo que la Fiscalía reveló que había víctimas de desaparición forzada cerca de las áreas de influencia de Hidroituango, exactamente con los de Briceño, Cáceres, Ituango, Nechí, Peque, Sabanalarga, Tarazá, Toledo y Valdivia.
Debido a esto, el tribunal especial de paz cuestionó que muchos de los cuerpos de esas víctimas estuvieran en la universidad.
Desde la coordinación del laboratorio de Antropología Osteológica aseguraron que, “la universidad no los asesinó ni los desapareció. La universidad no ha tenido nunca la intención de ocultar información. No nos interesa hacerle ese daño a nadie”.
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