Diego Cadena podría quedar en libertad por vencimiento de términos el próximo 8 de junio

En las últimas horas, el caso por presunta manipulación de testigos en el que están vinculados el expresidente Álvaro Uribe y quien era su abogado Diego Cadena dio un giro que podría terminar a favor de este último. Iván Cancino, apoderado legal de Cadena, solicitó la libertad de su cliente y colega alegando vencimiento de términos, solución que podría darse el próximo martes 8 de junio.

En primera medida, el jurista Cancino alegó que ya han pasado 254 días desde la presentación del escrito de acusación, tiempo que supera los términos establecidos por la ley para llevar a cabo el juicio contra el otrora abogado del expresidente de la República.

“Se puede concluir su señoría que han pasado más de 240 días de la presentación del escrito de acusación sin que se haya iniciado la audiencia de juicio oral, por causas totalmente ajenas o atribuibles a la defensa”, señaló el abogado ante una jueza de control de garantías de Bogotá. La última aclaración la hizo teniendo en cuenta que el fiscal Daniel Hernández señaló que esta petición correspondía a una estrategia dilatoria por parte de la defensa de Cadena.

En ese caso, el fiscal Hernández insistió ante la jueza que las demoras en el proceso contra Cadena obedecen al comportamiento de la defensa de este, “no porque la Fiscalía haya incumplido, sino porque los investigadores de la defensa se presentaron sin los elementos adecuados para generar una copia forense, señora juez, así quedó en la constancia y se fijó fecha para el día de mañana o el día jueves. Inició desde este punto porque así usted podrá analizar que se ha actuado de manera desleal por parte de la defensa al momento de esta solicitud”.

Tras escuchar los argumentos de ambas partes, el Juzgado 22 de Garantías de Bogotá definió una nueva fecha para decidir sobre la libertad del abogado Diego Cadena. El próximo martes 8 de junio se decidirá si se concede la libertad por vencimiento de términos al abogado vinculado en el caso de presunta manipulación de testigos.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación solicitó mantener la medida de prisión domiciliaria de Cadena y señaló que no hay lugar a conceder la libertad a Diego Cadena por “una tardanza en la iniciación del juicio oral y las complejidades que se han generado superan realmente lo previsto en la ley sobre lo que se tiene que descubrir”.

Diego Cadena es investigado por haber sido presuntamente el abogado de Álvaro Uribe que buscó y sobornó a paramilitares, con el fin de cambiar su versión sobre los vínculos del expresidente en la conformación del Bloque Metro y acusar a Iván Cepeda de ofrecer beneficios por esas declaraciones.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los familiares del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, quien se encuentra sentenciado a 20 años de cárcel, afirmaron, bajo juramento, que habían recibido más de $40 millones por parte de Diego Cadena. Frente a esto, el abogado reaccionó diciendo por medio de su defensa que “esas personas mienten y que tienen cómo probarlo”.

Según el escrito de acusación con el que la Fiscalía llamó a juicio al abogado, “Carlos Enrique Vélez debía cambiar su versión en favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez en las investigaciones que se adelantaban en contra del aforado por la masacre de El Aro y también debía manifestar ante la Corte Suprema de Justicia que el senador Cepeda le había ofrecido mejorar sus condiciones carcelarias, siempre y cuando declarara en contra del expresidente”.

Juan Guillermo Monsalve, el principal testigo en contra del exmandatario, también aseguró a la Corte Suprema de Justicia, que él recibió presiones de Cadena, en visitas a la cárcel La Picota, para retractarse.

Según el confeso paramilitar, el abogado llegó al penal con un formato redactado para que lo firmara y llevarlo a la Corte Suprema, en la que declaraba su retractación de las afirmaciones en contra de Uribe. Por esas razones, tanto Cadena como el expresidente son investigados por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

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