Esta semana la Fiscalía General de la Nación anunció la captura de tres menores de edad (15, 16 y 17 años) a quienes el Juzgado Quinto Penal de Cali les impuso medida de internamiento preventiva por “haber ejecutado actos de terrorismo agravado en concurso heterogéneo con homicidio en grado de tentativa agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes y municiones agravado”. Sin embargo, el abogado y magister en derecho penal, Mauricio Urquijo señaló que se trata de un montaje judicial y que los menores fueron torturados y obligados a autoincriminarse.
El abogado señaló que interpuso un Hábeas Corpus para determinar si la captura de los tres jóvenes fue legal ya que, afirma, “los hicieron pasar como delincuentes luego de torturarlos, fotografiarlos y disfrazarlos con escudos de la ‘primera línea’ y materiales bélicos”. Urquijo dice que estos menores de edad se estaban escondiendo en un almacén en Siloé, barrio de Cali, para protegerse de una confrontación entre la fuerza pública y manifestantes.
Por lo que los menores no estaban participando de los hechos, pero denuncia que cuando la Policía los ve, los torturan y los esposan, “pese a que eso está expresamente prohibido y hace automáticamente ilegal la captura”, señala el abogado citando el Artículo 94 de la Ley 1098 de 2006: “se prohíbe la conducción de niños, niñas y adolescentes mediante la utilización de esposas o cualquier otro medio que atente contra su dignidad”.
Urquijo señala que cuando se da la captura, los amenazan diciendoles que si no confiesan los van a “asesinar y a tirar al río”. Luego los llevan a la estación ‘El Trébol’ y los obligaron a auto incriminarse, asegura el abogado, para finalmente presentarlos ante el juzgado de infancia y adolescencia que les impone la medida.
“Al juzgado no le pareció relevante lo que pasaba, ni siquiera el hecho de que estos menores estaban esposados en sus propias narices (...) precisamente frente a esta clase de abusos, torturas y prevaricaciones es que existe el derecho fundamental al Hábeas Corpus, el cual interpusimos”, puntualizó el litigante. El procedimiento jurídico se resolverá, según Mauricio, este miércoles en la tarde.
La versión de la Fiscalía
“Al parecer los presuntos infractores hacían parte de un grupo de 30 personas aproximadamente que intentó tomarse las instalaciones de la estación de Policía y el Centro Judicial de El Lido, lanzando bombas molotov, papas bomba, y disparando armas de fuego”, señaló en un video el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Los hechos habrían tomado lugar el pasado 28 de mayo en Cali.
Mientras que el juez del caso indicó que en los hechos “fueron utilizados medios capaces de causar estragos, como en efecto ha ocurrido, con las bombas incendiarias y molotov, teniéndose en cuenta que allí funcionan el Centro de Atención Local, la Casa de Justicia de Siloé, Medicina Legal, la Comisaría de Familia, la Policía Nacional de Auxiliares Bachilleres, el Juzgado Primero y Tercero de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Siloé y la Inspección Permanente de Policía”.
Luego el fiscal encargado del caso dijo que todas las conductas que generen “zozobra y temor a la población y que impliquen actos de violencia” serán investigados. Por ahora los jóvenes estarían recluídos en un centro reformatorio.
En la jornada del 28 de mayo el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, indicó que se reportaban al menos 13 muertos. La capital del Valle aumentó en un 42% sus homicidios en mayo, comparándolo con el mismo periodo en 2020.
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