Funcionario del Gobierno propuso a MinDefensa prohibir la venta libre de armas traumáticas

Las armas traumáticas, al ser similares a las armas de fuego, han generado polémica en medio del paro nacional por la evidencia de civiles armados disparando contra manifestantes. Andrés Escobar, sujeto identificado portando una pistola y quien también habría accionado el arma, argumentó que se trataba de un artefacto no letal.

Frente a los reportes, el alto consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, propuso regular las armas traumáticas para suspender su venta libre. Por medio de Twitter, el funcionario del gobierno de Iván Duque explicó su planteamiento, el cual dejó a consideración del Ministerio de Defensa, en cabeza de Diego Molano.

Según la postura del funcionario, se deberían considerar armas de fuego, conforme a la ley 2535 de 1993. En su artículo 6, cita Guarín, describe también el funcionamiento de los artefactos traumáticos. “Son armas de fuego las que emplean como agente impulsor del proyectil la fuerza creada por expansión de los gases producidos por la combustión de una sustancia química. Las armas pierden su carácter cuando sean total y permanentemente inservibles y no sean portadas”, reza el aparte del documento gubernamental.

“Las armas de fuego y las armas traumáticas son similares en sus características físicas. Además, el funcionamiento físico y químico de ambas emplean el mismo principio, el cual consta de la combustión de una sustancia química para expulsar el proyectil”, aseguró Guarín, conforme a lo que dice el decreto del Ministerio de Defensa.

Guarín argumenta que la Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana tiene como uno de los pilares el desarme de la población, de esta manera, la única parte legítima que acaparará la totalidad del monopolio de las armas será el Estado y las usará el mismo.

“La reglamentación a través de decreto debe no sólo prohibir la libre venta y comercialización de las armas traumáticas, sino también su porte y tenencia”, añadió el funcionario, en una serie de trinos explicando su propuesta.

Finalmente, el funcionario señaló que es inadmisible que un miembro de la Policía Nacional no haga valer la ley en casos de civiles armados sin ningún sustento legal. “Tales eventos deben ser objeto de investigación y sanción. La autoridad debe ejercerse con rigurosidad”, finalizó Guarín por medio de su red social oficial.

Una de las primeras en declararse en contra de la propuesta de Guarín fue María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático. A pesar de ser partido de Gobierno, la legisladora siempre se ha manifestado crítica de varias determinaciones de la administración de Iván Duque. “Preocúpese por desarmar a los ilegales. No a los legales que responden por sus actos”, aseveró, en respuesta del trino del funcionario.

El pasado 16 de marzo comenzó la segunda legislatura en el Congreso de la República y, entre otras temáticas, Cabal pretendía discutir una nueva regulación al porte ilegal de armas en Colombia.

Así lo dio a conocer la senadora del Centro Democrático, a través de una publicación en Twitter, acompañada de un video, en la que comentó: “El porte legal de armas es poder ejercer nuestra legítima defensa. ¡Mi vida también vale!”.

Lo informado por María Fernanda Cabal es que, junto con el representante a la Cámara Christian Garcés, de su mismo partido político, radicaron el proyecto de ley con el que se pretenden eliminar la figura especial del porte de armas, adoptada en el Gobierno de Juan Manuel Santos.

La senadora argumentó que, tal figura redujo a los colombianos la posibilidad de protegerse con el poder disuasorio de las armas amparadas por el Estado. Según ella, solo el 5 % de quienes portaban armas (unas 400.000 personas) podían hacer uso del salvoconducto, “porque además de todo tienen que pagar impuestos y no pueden usar el arma, ¿increíble, no es cierto?”, señaló.

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