Este 1 de junio, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, firmó un decreto de garantías que establece la apertura de una mesa de diálogo entre la Unión de Resistencias-Primera Línea Somos Todos y Todas, la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Santiago de Cali, como un paso para conjurar la crisis social que vive la capital de dicho departamento en el marco del paro nacional.
Una decisión que no cayó bien entre algunos sectores políticos como el uribismo, pues el senador del Centro Democrático Carlos Felipe Mejía hizo un fuerte comentario al respecto.
“Este decreto confirma al alcalde de Cali como cómplice de los bloqueos y enemigo de recuperar el orden y la seguridad de la ciudad. De allí la importancia de la Conmoción Interior para remover estos mandatarios”, señaló el congresista.
El senador Mejía es uno de los que más ha insistido en que el presidente Iván Duque recurra a la conmoción interior para controlar lo que pasa en las protestas en diferentes zonas del país. El mandatario no se fue por ese camino sino por un decreto que reglamenta el despliegue militar como asistencia de la Policía Nacional.
Algunos internautas acusan al congresista de querer promover la dictadura respaldándose en un poder constitucional para relevar del cargo a un funcionario que fue elegido por el voto popular.
Mejía también ha pedido que el Comité del Paro sea judicializado. “Judicialización YA para este comité que le ha causado tanto daño al país y que acaban de confirmar que dirigen los bloqueos violentos. El “derecho a bloquear” no existe, lo que hacen es un acto delincuencial que ha afectado gravemente los derechos de los colombianos”, sostuvo el uribista.
Fue el alcalde Jorge Iván Ospina quien divulgó a través de Twitter el resultado de una jornada extensa de conversaciones que derivarán en dicha mesa, con la que, en sus palabras, se reconoce el diálogo como “el camino más efectivo para avanzar en la interlocución entre las partes en la búsqueda de soluciones concertadas y en la resolución pacífica de los conflictos y las demandas luego de más de un mes de movilización social”.
Con este paso, las partes involucradas en los diálogos se comprometen a realizar acciones puntuales para desescalar las tensiones surgidas durante la crisis en Cali, epicentro del paro nacional colombiano.
Uno de los compromisos establecidos en las conversaciones fue el restablecimiento de la movilidad en la ciudad, adjudicado al colectivo Unión de Resistencias-Primera Línea Somos Todos y Todas y expresado en el comunicado publicado por Ospina: “Se compromete a avanzar progresivamente hacia las vías de confianza en sus puntos de resistencia en cuanto se dé cumplimiento al Decreto Distrital, lo cual va a permitir viabilizar la movilidad de los habitantes de Cali”.
Es de destacar que, la institucionalidad brindó a dicha colectividad carácter de interlocutor al tiempo que formalizó lo que denomina un “Canal de Salvaguardia de Vidas”, cuya función fue explicada de la siguiente forma: “Para realizar verificaciones en casos de capturas y traslado de personas en el marco de la protesta social”.
Así mismo, el comunicado señaló la creación de una Comisión de Derechos Humanos que servirá para “el esclarecimiento de los hechos ocurridos durante la protesta en la ciudad de Cali”.
Además de la instauración de la mesa de diálogo, el comunicado oficial reconoce la labor como mediadores en esta fase exploratoria a organizaciones como la minga indígena del Cauca, la Misión de Verificación de ONU, la Arquidiócesis de Cali y ONU Derechos Humanos Colombia, que serán facilitadoras al interior de la mesa.
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