Seis años después de haber sido suspendida, la fumigación aérea de cultivos de coca, amapola y marihuana ha sido anunciado por el Gobierno de Iván Duque que se volverá al glifosato basándose en la justificación de que es la forma más efectiva para hacer este proceso. El anunció fue dado pese a las contracciones que genera con el acuerdo de paz firmado en el 2016 y las múltiples peticiones de los campesino y rurales en el país. Bajo el decreto 380 que expidió el pasado 12 mayo.
Incluso, para lograr la completa autorización del uso del glifosato el Ministerio de Salud, entregó su concepto previo en el tema, a partir de un estudio que elaboró la Universidad de Córdoba, donde daba un concepto a favor del uso del pesticida. Pese a que diferentes estudios a nivel internacional señalan que tienen fuerte relación con el desarrollo del cáncer y otras enfermedades.
Además, que mecanismo internacionales ha señalado que el pesticida tampoco ha servido par la luha antinarcóticos, Por ejemplo, como lo señalan en el Washigton Post el 23 de marzo, el director de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Adam Isacson, aseguró durante una conferencia que la aspersión aérea de glifosato ha sido un fracaso, porque “cada vez que fumigan, los cultivos se bajan por un ratico, pero después siempre se recuperan”. Isacson también afirmó que, de acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, después de fumigar 1.8 millones de hectáreas durante 21 años, los precios del gramo de coca en los mercados norteamericanos no se vieron afectados mayormente.
De acuerdo con El Tiempo, con todo esto, se esperaba que en cuestión de días fuera convocado al Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), conformado en su mayoría por entidades del Gobierno, que es el organismo competente para darle vía libre al regreso de las aspersiones aéreas. Sin embargo, la citación no ha llegado, como confirmó Wilson Ruiz, ministro de Justicia (cartera que ejerce la secretaría técnica del Consejo).
Pues por ahora, el estallido social ha estado acompañado de manifestaciones y en el algunas ciudades de situación de orden público critico que han exigido al Gobierno volcar toda su atención a este asunto como por ejemplo, Cali y Popayán.
Además, en el departamento de Nariño dos fallos de tutela; ordenaron frenar la erradicación manual forzada y otro que tumbó la resolución de la Anla con el concepto ambiental favorable frente a varias comunidades del departamento, y que han ordenado hacer consultas previas y han sido leídos por expertos como decisiones que podrían generar incertidumbre en el panorama del Gobierno. Además, fue interpuesta una demandad ante el Consejo de Estado, que busca anular el decreto 380.
Otro punto que e Gobierno había pasado pero ha sido recordado por organizaciones y civiles, es que en un auto de 2019, el alto tribunal señaló que deben privilegiarse los métodos contemplados en el acuerdo de paz firmado con las Farc. Aunque la justificación del Ministerio de Justicia a sido que no va en contra sino que el Gobierno quiere adaptarlo como un plan complementario a la erradicación manual, pues su lema esta relacionado con hacer todo lo posible para la lucha antinarcóticos.
Y finalmente, 35 congresistas le enviaron a la Corte Constitucional una carta pidiendo suspender los efectos Jurídicos de la Resolución que aprueba el glifosato, para proteger los derechos de las comunidades, pues según los representantes la normativa iba en contravía de los derechos a la participación y la consulta previa de las comunidades afectadas.
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