Decreto de militarización en Colombia iría en contravía de los estándares internacionales de Derechos Humanos

Desde el viernes, fueron militarizados siete departamentos y 13 ciudades, mediante el decreto 575 del 2021, con el fin de controlar el orden público en medio de las protestas con motivo del paro nacional en contra del gobierno de Iván Duque.

En el informativo de televisión Noticias Uno señalaron que la normativa despertó preocupación entre organismos internacionales de Derechos Humanos nacionales e internacionales, ya que no hay claridad sobre el uso proporcional de la fuerza y tampoco prioriza la mediación o el diálogo con los manifestantes.

“Coordinar con las autoridades militares y de Policía del departamento la asistencia militar de que trata el artículo 170 de la ley 180 de 2016”, señala el decreto sobre la puesta en marcha de la militarización en  Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda, así como en las ciudades de Cali, Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva.

Pero además señala que los mandatarios locales, alcaldes y gobernadores, están siendo obligados a dar cumplimiento del mismo, por las sanciones que dispone el mismo decreto.

“Los gobernadores y alcaldes que omitan el cumplimiento de lo dispuesto en este decreto, serán sujetos de sanciones a que haya lugar”, señala.

En Noticias Uno indicaron que las poblaciones en las que se implementaron las medidas, los mandatarios locales fueron desplazados de sus funciones con prácticamente una sustitución de sus funciones por parte de uniformados.

Una de las primeras críticas contra el decreto provino de José Miguel Vivanco, director de la organización Human Right Watch para las Américas, quien sostuvo que la normativa no garantiza los Derechos Humanos, ni el uso proporcional de la fuerza de los militares, así como tampoco busca la mediación.

“Las órdenes dictadas no incluyen ninguna referencia explícita a priorizar el diálogo, evitar la fuerza excesiva y respetar los Derechos Humanos. Grave falencia que puede tener consecuencias irreparables”, dijo Vivanco.

En ese noticiero también consultaron con Carlos Rodríguez, jurista experto en derechos humanos, quien señaló que la normativa incumple el estándar que estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Naciones Unidas, así sea un deber del gobierno restablecer el orden público.

“El decreto no tiene en cuenta del marco normativo internacional en materia de Derechos Humanos que es sobre todo y en todo caso que el uso de la fuerza sea proporcional y no un uso de la fuerza en primer lugar”, señaló Rodríguez.

Para el experto que consultó Noticias Uno, las sanciones a los mandatarios por no acatar el decreto, distorsiona lo establecido por la Constitución al supeditar las funciones de alcaldes y gobernadores a una autoridad militar.

“Pero no puede el presidente de la República constituirse en un superior jerárquico de los alcaldes y gobernadores, si hay una sanción deben ser los organismos que están autorizados para ello”, explicó.

El experto señaló que el decreto es una especie de piloto para que se establezca el estado de excepción de conmoción interior.

“A mí me parece que es una hipótesis concreta y real que el presidente quiera imponer una conmoción interior para restringir derechos y para darle mayor poder a los militares. Incluso darles funciones que no ejercen todavía”, concluyó Rodríguez.

Entre tanto, este sábado los 17 embajadores de la Unión Europea en Colombia trinaron juntos un mensaje sobre la situación actual por la que atraviesa el país sudamericano. Los diplomáticos fueron enfáticos en que el diálogo y la negociación deben ser prioridad, por lo que no respaldarían la decisión de Iván Duque de decretar la asistencia militar en las zonas más críticas frente al orden público.

“Los 17 Embajadores de la UE respaldamos el diálogo y la negociación como la única vía para una salida sostenible a la crisis. Invitamos a las partes a aprovechar la reunión de mañana para alcanzar los consensos necesarios. El país exige reconciliación y fin de la violencia”, sostuvieron desde las embajadas.