La Fiscalía General de la Nación, anunció en la noche de este sábado 29 de mayo que un juez de control de garantías de Guadalajara de Buga, en el Valle del Cauca, envió a la cárcel a seis presuntos responsables de delitos de terrorismo, amenazas, obstrucción a vías públicas que afecten el orden público y daño en bien ajeno.
Los afectados con la medida son: José Mauricio García Nieto, Dan Brayer Andrade Bolaños, Daniel Navarrete Varón, Jorge Andrés Noguera Flórez, Jorge Mario Ramírez Alzate y Santiago Ramírez Duque.
Según el ente investigador, los hoy imputados fueron capturados en flagrancia, por personal de la Sijín, de la Policía Nacional, el pasado 25 de mayo, en el centro del municipio de Tuluá (Valle del Cauca), donde presuntamente los hoy procesados lanzaban piedras y artefactos explosivos contra el establecimiento de comercio, sedes públicas, judiciales, administrativas y entidades privadas de ese municipio.
Igualmente, señaló que acciones delictivas, que no fueron admitidas por los acusados, provocaron daños materiales en almacenes, entidades bancarias, la sede de la Alcaldía Municipal y a un CAI, así como saqueos. Adicionalmente, tres presuntos implicados en la conflagración a la sede del Palacio de Justicia, estos serían Hugo Ferney Carrión Trejos, Jhon Jairo Toro Méndez y José Mauricio Ramírez Lozada.
Valga recordar que dicha estructura ardió el pasado 25 de mayo, luego de fuertes disturbios que se vivieron en la zona en medio de las protestas sociales en ese municipio.
El Cuerpo de Bomberos de Tuluá aseguró a El País que unidades del organismo lograron acercarse al edificio y hacer un proceso de refrigeración de las paredes para evitar que las llamas se extendieran a otras viviendas.
“Por el problema de orden público en el sector, la situación está un poco complicada, entonces no hemos podido ir a hacer las labores bomberiles para apagar el incendio estructural, pero estamos en una valoración inicial y esperando que tengamos el área segura para poder ir a operar”, citó el medio regional.
La situación fue tan grave que el ministro de Defensa, Diego Molano, anunció que ofrecerían hasta $200 millones de pesos a quienes den información que permita la captura de los responsables de dicho caso de incendio.
“Fuimos testigos de como terroristas de manera organizada quemaron el Palacio de Justicia de Tuluá, un hecho que nos recordó uno de los peores momentos de nuestra historia. De igual forma, lamentamos la muerte del joven Camilo Andrés Arango, haremos todo lo posible para recolectar pruebas que nos ayuden a encontrar los culpables. También esperamos recuperación de otras dos personas”, manifestó el ministro de Defensa sobre el tema, en ese momento.
Las capturas contaron con la supervisión del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, quien junto con su equipo directivo estuvo en el municipio en mención para verificar las acciones investigativas tendientes a esclarecer los hechos, anunció las capturas de las personas antes relacionadas y de otras 3 que estarían involucradas en los actos vandálicos.
De esta forma, las autoridades completan un total de nueve personas judicializadas y privadas de la libertad por los actos vandálicos en Tuluá.
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