Al igual que el ministro del Interior, Daniel Palacios, el presidente de la República, Iván Duque, desautorizó el acuerdo que firmaron varios miembros de su gabinete con el Comité del Paro en Buenaventura y que le otorgaría funciones de inspección a los organizadores de las protestas en Colombia.
En diálogo con la emisora BluRadio, el primer mandatario aseguró que “nadie puede usurpar ninguna función del Estado” ni suplantar funciones de la fuerza pública y mucho menos de “inspección aduanera”.
“Yo he sido muy categórico, que en el Gobierno nacional, nosotros no avalamos ninguna medida que atente contra los principios de la libertad económica que están regulados por entidades y sus responsabilidades”, aseveró el presidente Duque en diálogo con la cadena radial.
Las declaraciones del jefe de Estado se dieron luego de las varias y duras críticas que recibió su gobierno de varios políticos como su mentor político, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien se fue contra el acuerdo y comentó que no solo hace que el Gobierno “pierda la autoridad”, sino que también ocasiona la pérdida del “Estado y avanza el camino de más anarquía y de más violencia”, trinó, muy temprano en la mañana de este viernes el también jefe natural del Centro Democrático.
Otras figuras políticas, como el exvicepresidente, Germán Vargas Lleras, aseguraron que esa negociación ocasionaría que se conciba una veeduría ciudadana sobre lo que sale, entra y se distribuye desde uno de los puertos más importantes en Colombia, además, otorgaría a “los promotores facultades de control y vigilancia sobre la carga”; calificó el acuerdo como un “exabrupto”.
“Con razón muchos se resisten a creer en la veracidad del acuerdo firmado con el Comité del Paro de Buenaventura. Confirmo este exabrupto fue suscrito en representación del Gob por el Dr. Juan Camilo Restrepo y el Dr. Díaz Granados.2 descriteriados actuando en representación del Gob”, expresó, con mala ortografía, Vargas Lleras, autor de la fallida reforma a la salud.
De acuerdo al folio, el Ejecutivo permitió un corredor humanitario denominado ‘por la Vida y por la Paz’ para que se puedan abastecer de alimentos y otros víveres con la mercancía que entra y sale del puerto.
“Este paso está contemplado para vehículos que se movilicen desde Buenaventura hacia el interior es por la vía alterna-interna y la carretera Río Calima. Por su parte, los que se movilicen hacia Buenaventura circularán por las avenidas cabal Pombo y Simón Bolívar”, se lee en uno de los apartes del acta.
Además, el ministro del Interior, Daniel Palacios, desautorizó dicho corredor y aseguró que por ningún motivo puede haber una veeduría ciudadana, como criticaron varios políticos. “Ninguna de las funciones de la fuerza pública es usurpada. Una cosa es la intención y otra lo que está escrito y, en ese sentido, lo que tiene que quedar claro es que nadie podrá hacer inspección además de la fuerza pública”, aseveró Palacios en recientes declaraciones a la emisora BluRadio.
Igualmente, dijo estar en desacuerdo en que el Comité del Paro en Buenaventura sea quien decida qué entra y sale del puerto vallecaucano o que “se entienda que existe una capacidad del comité del paro de inspeccionar carga”, agregó, mientras reiteró que será la Policía la encargada de esta labor.
En el documento se acuerda que se podrá hacer abastecimiento de los productos desde el puerto de Buenaventura, pero no podrían ingresar estos elementos a las terminales portuarios. Algunos de los productos que se distribuirán son: comida, combustibles, químicos, servicios y equipamiento médico, insumos para la atención de la salud, residuos sólidos hospitalarios, biosanitarios y domiciliarios, entre otros.
Aunque Uribe y Vargas Lleras aseguran que con este acuerdo se pierde la legitimidad del Gobierno sobre los bloqueos en el país, el exviceministro del Interior, Juan Pablo Díaz Granados, desmintió dicha interpretación y aseveró que el gobierno de Iván Duque “no ha cedido un centímetro de institucionalidad”, además, en respuesta al jefe de Cambio Radical, dejó el siguiente mensaje:
“No hemos facultado a particulares a inspeccionar carga en Buenaventura. Esa facultad la ejerce de manera exclusiva @PoliciaColombia. Cosa distinta es el ejercicio de veeduría ciudadana en el marco de la ley. No hemos cedido un centímetro de institucionalidad”, aclaró Díaz.
En el acta del acuerdo entre ambas partes se estableció que la Policía Nacional será la encargada de inspeccionar las garantías y seguridad de las tractomulas y vigilar, de manera documental, que se cumpla con las entregas sin afectar alguno de los procesos.
Sin embargo, sobre esta premisa también hubo críticas, pues se estableció que habrán máximo 10 delegados del Comité del Paro que acompañarán el proceso y harán el registro fotográfico y fílmico; lo que a muchos no les gustó porque, aseguran, la fuerza pública se puede encargar del proceso de veeduría.
Se esperan nuevas reacciones al cuerdo que fue avalado por el viceministro de Desarrollo Rural Juan Camilo Restrepo y Díaz Granados, exviceministro del Interior. Léalo a continuación:
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