Fiscalía imputa cargos por corrupción a exfuncionaria de la SuperSalud que habría recibido dinero para favorecer a una EPS

La Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de cohecho impropio a Eva Katherine Carrascal Cantillo, exdelegada para la Supervisión Institucional de la Superintendencia de Salud por la presunta responsabilidad en la aprobación irregular del plan de restructuración de una EPS del Cauca.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción estableció que la exfuncionaria habría recibido $300′000.000 del exrepresentante legal de Asmet Salud EPS, Gustavo Adolfo Aguilar Vivas, quien ya fue judicializado por estos hechos.

En la investigación se conoció que, en 2017, la señora Carrascal Cantillo se reunió con el directivo de la empresa de salud y, supuestamente, se comprometió a ayudarle para que fuera aprobado un modelo de mejoramiento financiero y administrativo de la EPS, a cambio de dinero. Al parecer, la exfuncionaria recibió un primer pago de $50′000.000 en diciembre de 2017; y el excedente de $250′000.000 en enero de 2018. En ese mismo mes, la Superintendencia de Salud emitió la resolución de reorganización que le permitió a Asmet Salud seguir en funcionamiento.

Carrascal Cantillo no aceptó los cargos, además se encuentra privada de la libertad por otra investigación en su contra por, al parecer, haber aceptado $700.000.000 para favorecer tanto a varias EPS o IPS y cajas de compensación familiar.

La Procuraduría también sancionó a Eva Carrascal por haber cometido actos de corrupción en el ejercicio de su cargo, específicamente, por haber recibido un apartamento a modo de agradecimiento por agilizar trámites de la entidad. Carrascal estuvo en el cargo desde el 7 de abril de 2015 hasta el 23 de enero de 2018 y, durante ese periodo, explicó la Procuraduría, entidad encargada de sancionarla, la mujer habría recibido “dinero, utilidad y promesa remuneratoria por parte de empresas e instituciones prestadoras de salud”, a cambio de favores legales como, por ejemplo, agilizar trámites de pagos de cuentas médicas de las IPS, delito que el ente de control sentenció como ‘cohecho impropio’.

En mayo de este año, la ex funcionaria ya había aceptado los cargos que se le imputaron respecto a sus comportamientos corruptos dentro de la entidad, por lo que fue condenada a cumplir una pena de 80 meses y un día de prisión, a pagar una multa de 69,26 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Según la investigación, el inmueble que recibió la ex funcionaria de la Supersalud, estaba avaluado en $1.440 millones, y había sido comprado con fondos de Aser Salud, Clinical Corporation y G3. El apartamento está ubicado en un exclusivo sector de la ciudad de Bogotá y forma parte del condominio Bosque Residencial La Reserva.

La Procuraduría aseguró que, mientras la funcionaria estuvo en el cargo, su patrimonio personal tuvo un ascenso considerable e injustificado pues, llegó a recibir $145.391.060 de más, situación que la misma funcionaria no pudo explicar en las audiencias del proceso disciplinario que se abrió en su contra.

El fallo, que la dejó por fuera de cualquier cargo público durante los próximos 20 años de su vida, argumentó que, “los actos de corrupción en que incurrió la investigada destrozaron la sujeción que tenía con la ley como fundamento, límite y legitimidad de su actuación, y socavó los cimientos que orientan la función pública y el interés general que debe perseguirse por todo servidor público en desarrollo de la misma”.

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