La Defensoría del Pueblo dio a conocer este 27 de mayo que en el primer trimestre de 2021 fueron asesinados 34 líderes sociales en Colombia, 20 menos que en el mismo periodo del año pasado. En el informe se reveló que enero fue el mes que más víctimas dejó, 18 en total. Entretanto, en febrero hubo ocho reportes, los mismos que en marzo.
De las 34 víctimas, señaló la Defensoría del Pueblo, 12 son indígenas, tres más que un año atrás; además, 28 de los asesinados eran hombres y seis, mujeres.
“Del primer trimestre de 2020 a 2021, se presentó disminución en los casos de homicidio en contra de líderes comunales pasando de 15 a 3 casos (80 %) y líderes campesinos de 14 a 4 (71 %)”, sostuvo la Defensoría del Pueblo.
Además, “se presentó un aumento de casos de homicidios en contra de líderes indígenas pasando de 9 a 12 (33 %) y líderes comunitarios pasando de 4 a 7 homicidios (75 %) registrados en el primer trimestre de 2021″, agregó.
Para la Defensoría, preocupa que el 55 % de los homicidios se concentren en cuatro departamentos: -Antioquia (23 %), Valle del Cauca (11,7 %), Nariño (11,7 %) y Chocó (8,8 %).
El informe también documenta 175 conductas vulneratorias entre enero y marzo, 35 de ellas en contra de líderes comunitarios, 23 en contra de líderes indígenas, 18 en contra de víctimas, 16 en contra de servidores públicos y 13 en contra de líderes comunales; los departamento más afectados fueron Magdalena (23 casos), Cesar (19), Sucre (18), Caquetá (13) y Chocó (10).
Este indicador, explicó la Defensoría del Pueblo, también disminuyó, al igual que el de los asesinatos. Durante el primer trimestre de 2020, fueron registradas 281 conductas vulneratorias, que al contrastar con las 175 de este año representan una reducción del 37,7 %.
En el documento también se presenta evidencia de una reducción del 71 % de conductas vulneratorias contras líderes comunales, 60 % contra mujeres, 54 % contra víctimas y 71 % contras activistas de derechos humanos.
La JEP había solicitado un informe sobre la situación de los líderes
Semanas atrás la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas y la Comisión de la Verdad (Sistema Integral) entregaron al defensor del Pueblo, Carlos Camargo, un documento en el que le solicitaron la elaboración de un informe sobre la situación de los líderes y lideresas sociales, así como excombatientes de las Farc.
Con la elaboración de dicho informe, que es más un diagnóstico sobre los ataques de líderes y lideresas sociales se pretendía crear una hoja de ruta con acciones concretas para mantener su seguridad y prevenir sus asesinatos, de acuerdo con el Sistema Integral. El objetivo es frenar el incremento de violencia denunciado por las comunidades y organizaciones defensoras de derechos humanos.
“La violencia aterroriza. Este es el mensaje paralizante que se quiere enviar con cada asesinato. Por eso el sistema exige una acción eficaz e inmediata del Estado, no retórica, para poner término a este designio letal (...). La violencia puede convertirse en muro infranqueable a las aspiraciones de víctimas y comparecientes enderezadas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”, sostuvo, en ese entonces, el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP.
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