Si quieren venir mañana al país no tenemos ningún problema: Marta Lucía Ramírez a la CIDH

Desde Washington D. C. en Estados Unidos, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez sostuvo reuniones con los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que desde hace días solicitó al Gobierno nacional permitiera la entrada al país de una misión de observación con el fin de que ellos conozcan de primera mano las múltiples denuncias por abuso de la fuerza pública en medio de las protestas sociales.

Sin embargo, generó polémica que la respuesta del gobierno de Iván Duque haya sido que sí permitirán la visita pero hasta que terminen las investigaciones internas y se habló de que sería el próximo 29 de junio.

El tema no se quedó allí, pues este 26 de mayo, Ramírez señaló, según citó El Tiempo, que en la reunión que sostuvieron con la organización se les dijo que bienvenidos y que la fecha de visita anunciada la programaron ellos y no el gobierno.

“La CIDH dice claramente que se reunieron conmigo, que los invité a venir a Colombia tan pronto pase la audiencia en la que ellos mismos pusieron la fecha del 29 de junio en la cual van a evaluar la información que ellos solicitaron la Procuraduría, Fiscalía, y Contraloría”, sostuvo la canciller.

La vicepresidenta informó que se reunió con la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola; la secretaria Ejecutiva, María Claudia Pulido; y los comisionados Stuardo Ralón, Julissa Mantilla, Flavia Piovesan y Joel Hernández; con el ánimo de reiterar el firme compromiso de la administración Duque con el respeto a los Derechos Humanos y con el trabajo continuo por el fortalecimiento institucional.

En este encuentro la CIDH reconoció y agradeció la amplia y permanente cooperación de Colombia con ese organismo internacional en los diferentes temas que le son comunes. Por su parte, la canciller reiteró la importancia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para el Estado colombiano y para la región y ratificó la voluntad del Gobierno del Presidente Duque de continuar brindando toda la cooperación a este órgano multilateral.

“Nuestro Gobierno está totalmente comprometido a que bajo ninguna circunstancia se cometan en Colombia abusos en materia de DDHH durante estas protestas, desafortunadamente ha habido casos que se han visto violentos en las calles y ha habido heridos y muertos. Ningún abuso ni supuesto abuso cometido por parte de una autoridad, bien sea policía o militar, va a dejar de investigarse. Todos sin excepción tienen que investigarse. Nadie estará por encima de la ley y eso incluye a los que tengan uniforme y los que no tienen uniforme”, sostuvo Ramírez.

La Comisión Interamericana emitió otro comunicado, más profundo, en el que condenó las violaciones a los derechos humanos en el contexto nacional y expuso las razones por las que consideran urgente la visita de trabajo.

“La Comisión resalta que en al menos 1.038 manifestaciones se habrían presentado casos de fallecimientos, desapariciones, personas heridas y agresiones sexuales como consecuencia del uso desproporcionado e ilegítimo de la fuerza. Estos hechos se han registrado, especialmente, en ciudades como Bogotá, Cali, Pereira, Popayán y Yumbo, y han tenido afectaciones particulares en los pueblos indígenas, las mujeres y las personas afrodescendientes”, señaló el organismo.

La CIDH reiteró su “extrema preocupación” sobre las cifras de muertes violentas relacionadas con las manifestaciones, 41 que registra la Fiscalía, de las cuales 17 se produjeron en medio de las protestas; mientras que las organizaciones sociales han documentado 51. En el comunicado resaltaron los casos de Lucas Villa, en Pereira; Sebastián Quintero en Popayán y Jhon Erik Larrahondo en Cali.

“La Comisión Interamericana encuentra extremadamente grave las denuncias sobre 132 personas que permanecen desaparecidas y respecto de las cuales la Fiscalía General de la Nación mantiene activado el mecanismo de búsqueda urgente. Resulta alarmante que con el correr de los días estas personas continúan desaparecidas, máxime cuando algunas de las 276 que habrían sido reportadas como desaparecidas aparecieron sin vida, como el líder Cristian Torres, el 14 de mayo en la ciudad de Leiva, Nariño”, señaló.

Para la Comisión hay al menos 87 denuncias de violencia sexual ocurridas presuntamente por miembros de la fuerza pública, como el caso de la menor que habría sido agredida por seis agentes en Popayán y posteriormente se suicidó. “Igualmente, condena el hecho de violencia sexual que habría sufrido una agente de la fuerza pública dentro de una estación de policía vandalizada en la ciudad de Cali el 29 de abril”.

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