Como Camilo Arango fue identificado un estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Central del Valle del Cauca, quien perdió la vida en medio de enfrentamientos con la fuerza pública en el centro del municipio de Tuluá en la noche del 25 de mayo de 2021.
De acuerdo con información preliminar de testigos en Tuluá, Camilo habría recibido un impacto de bala en la cabeza, por lo que fue trasladado hasta la clínica San Francisco de dicho municipio, donde, pese a los esfuerzos médicos por salvarle la vida, falleció antes de la medianoche de este miércoles.
El primer reporte de la muerte de Camilo Arango fue presentado por la cuenta de Twitter de la ONU Derechos Humanos en Colombia, cuya representante Juliette Rivero emitió una alerta después de las once de la noche del pasado 25 de mayo.
La Fiscalía General de la Nación informó que iniciará una investigación urgente para dilucidar quiénes fueron los responsables de la muerte del joven, que hacía parte de la Parroquia municipal.
Tuluá vivió una noche de terror al ser incendiado el Palacio de Justicia en las últimas horas. Autoridades civiles y militares montaron un Puesto de Mando Unificado en la ciudad para contener la escalada de violencia que persiste las calles del municipio.
Reconstrucción de la noche de terror que vivió Tulua
El Palacio de Justicia de Tuluá, Valle del Cauca, ubicado en el centro de esta ciudad ubicada en el centro del departamento, ardió luego de fuertes disturbios que se vivieron en la zona en medio de las protestas sociales que alcanzaron 29 días en Colombia.
El Cuerpo de Bomberos de Tuluá aseguró a El País que unidades del organismo lograron acercarse al edificio y hacer un proceso de refrigeración de las paredes para evitar que las llamas se extendieran a otras viviendas.
“Por el problema de orden público en el sector, la situación está un poco complicada, entonces no hemos podido ir a hacer las labores bomberiles para apagar el incendio estructural, pero estamos en una valoración inicial y esperando que tengamos el área segura para poder ir a operar”, citó el medio regional.
El hecho generó indignación en la opinión pública del país, especialmente después de una marcha del silencio, convocada por la sociedad civil en la cabecera departamental, Santiago de Cali.
Por parte de la institucionalidad, el pronunciamiento del ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, condenó los actos vandálicos contra la instalación judicial: “Rechazo y condeno estos actos de terrorismo que buscan sembrar caos y miedo. Ataques como los de esta noche en Tuluá dejan de ser vandálicos y se convierten en actos terroristas. La protesta pacífica es legítima, la violencia es delito”.
También acudieron en sus muestra de rechazo entes de la Rama Judicial como el Consejo Superior de la Judicatura, que condenó la destrucción del palacio. “La puesta en peligro de vida e integridad de servidores de despachos judiciales. ¡Los actos violentos deben cesar! La prioridad es la vida y la justicia, garante de derechos fundamentales de los ciudadanos”, indicaron en comunicado oficial.
Y agregaron: “Actos violentos como el sucedido en Palacio de Justicia de Tuluá ya ha ocurrido en otras sedes judiciales. La destrucción de expedientes no puede ser un fin, pues obstaculiza el propósito de construir una sociedad más justa”.
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