“El ‘ciberpatrullaje’ estatal es una estrategia que restringe libertades individuales y la expresión en línea”, Flip sobre campaña de MinDefensa

El pasado 6 de mayo el Ministerio de Defensa lanzó la campaña “La verdad en un mar de mentiras #ColombiaEsMiVerdad”, una iniciativa que buscaba acabar con las noticias falsas que se han generado en el marco del paro nacional.

“Nos intentan bloquear pero nosotros seguimos de pie protegiendo a los colombianos, información como esta es terrorismo digital y es falsa, a Colombia la protegemos todos”, dice el video de la estrategia mientras se observan diferentes cuentas de Twitter compartiendo información que para el ministerio es falsa.

“Dijeron que había sido el ESMAD que había incendiado el hotel Luna de Cali, pero la verdad es que fueron vándalos demenciales que lo incendiaron y lo acabaron, mientras allí dormían policías y ciudadanos, acabando ellos así con el emprendimiento de un colombiano”, fue el mensaje que el ministro Molano entregó en este video.

Semanas después de la publicación de la campaña, la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, se manifestó este martes expresando que esta propuesta “va en contravía de los principios básicos de una sociedad democrática y tiene como intención censurar mediante la criminalización. Esta estrategia tiene un impacto directo en el periodismo, ya que mina las garantías de su ejercicio y pone en riesgo la seguridad física e integridad de los periodistas”, manifestaron mediante una publicación.

El texto de la FLIP expresa que desde su lanzamiento, las Fuerzas Militares y el ministro de Defensa han reiterado que los sitios web y perfiles que desacrediten la labor de la fuerza pública en el marco de las manifestaciones sociales están realizando presuntamente labores de terrorismo.

“En sus publicaciones aparecen varios pantallazos de contenido de redes sociales con un gran rótulo que dice “FALSO” al tiempo que se dice que “el terrorismo digital es una peligrosa amenaza a la democracia”. Adicionalmente, la Policía Nacional emite boletines diarios de noticias falsas”, contó la FLIP.

El pronunciamiento de la fundación revela algunas de las publicaciones que ha realizado el ministerio sobre los contenidos que han encontrado como falsos “el 13 de mayo, la Policía Nacional publicó un video en el que asegura que se han identificado 86 contenidos falsos, dice que 43 de esos son en contra de la Policía y que “transmiten mensajes equivocados para llamar a la violencia y el desorden”.

Por otro lado, aseguraron que, “el centro cibernético de la policía ha realizado 733 solicitudes de suspensión, a la vez que 37 perfiles y 107 publicaciones han sido eliminadas”. Así mismo, el pasado 23 de mayo, el Ministerio de Defensa publicó en su cuenta de Twitter un boletín de ciberpatrullaje del paro nacional, donde señalan que encontraron 111 noticias falsas en redes sociales y que después de esto generaron al parecer 26.000 “acciones preventivas”.

“La vigilancia del gobierno y el monitoreo sobre las conversaciones de ciudadanos permea la libertad para expresarse e impacta en lo que las personas escriben y discuten en redes sociales. De igual manera, esta campaña parte del supuesto que todos los usuarios de redes son posibles culpables de algún delito y por lo tanto deben ser vigilados, eliminando de esta manera la presunción de inocencia”, expresó la FLIP en su texto.

Así mismo, manifestaron que las acciones son arbitrarias, pues además, se sustentan en conceptos ambiguos e imprecisos, como “noticias falsas” o “terrorismo digital”. “El gobierno ha decidido ignorar su obligación de garantizar la libertad de realizar críticas así como poder denunciar los abusos por parte de agentes públicos”, dijeron.

La FLIP cuenta que el pasado 15 de mayo envió un derecho de petición al ministro de Defensa para conocer más información sobre la campaña, pero este aún no ha sido contestado. Igualmente, con este pronunciamiento la fundación expresó cinco razones por las que cree que la estrategia afecta la libertad de expresión y de prensa.

1. “La amenaza del uso del derecho penal para desmotivar determinado cubrimiento es a todas luces contrario a los estándares interamericanos de protección de la libertad de prensa”.

2. Para la FLIP es irresponsable el uso de la expresión “terrorismo digital”, sin que haya una explicación clara y precisa sobre lo que se considera es este término. “Sin dicha explicación, el uso de la expresión es un acto estigmatizante contra quienes han sido críticos del gobierno y, en especial, del Ministerio de Defensa. Hasta que la administración no dé una explicación ajustada a la Constitución sobre el uso de estas tecnologías para actividades que ponen en riesgo los derechos humanos, en particular la libertad de expresión, y sobre el uso de las categorías “ciberterrorismo”, “terrorismo digital”, “ciberpatrullaje” “cibermilitante”, las entenderemos como una etiqueta temeraria y peligrosa para la libre expresión y el debate público”.

3. Así mismo, la Fundación para la Libertad de Prensa cree que es inocuo que un órgano del Gobierno nacional pretenda determinar la veracidad de una noticia, más aún, cuando no existen lineamientos previos y objetivos.

“Las autoridades administrativas no están llamadas a enjuiciar la información que produzcan terceros, sin perjuicio de que puedan contrastarla con la información oficial para promover el debate público”.

4. “Rotular de “falso” publicaciones en redes sociales, en las que aparecen fotos y nombres de usuario de cuentas, es discriminatorio cuando no hay parámetros a priori, claros y objetivos para calificar la información. A falta de ello, se puede generar riesgo a la integridad de quienes aparecen señalados en los pantallazos”.

5. Finalmente, la FLIP cree que categorizar según las opiniones expresadas en línea viola el derecho a la libertad de expresión, pues “las opiniones no deben ser utilizadas para categorizar a la población, por tratarse de un dato sensible. De lo contrario, conlleva a una discriminación por orientación política, lo cual está expresamente prohibido por la Constitución”.

Por todo lo anterior, la fundación instó a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo para que vigilen estas estrategias del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares, “que exijan que la recolección y el procesamiento de comunicaciones digitales debe ser limitada en su alcance y que vigilen para que estos procedimientos de vigilancia sean sometidos a revisión pública e implementados de forma transparente”, finalizó la Flip.

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