Nuevamente el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, es cuestionado por su salida de Bogotá justo en los días en que comenzaron las protestas sociales en Colombia y con ellas las múltiples denuncias de vulneración de los derechos humanos por parte de algunos miembros de la fuerza pública. En esos días, brilló la ausencia del funcionario, que reapareció el 1 de mayo entregando un primer balance de las jornada de movilización.
Sin embargo, días después, el 3 de mayo, W Radio lo entrevistó porque consiguió información de que el 29 de abril, los vehículos oficiales de la Defensoría del Pueblo cruzaron por el peaje de San Pedro que conduce a Anapoima. En la entrevista, Camargo señaló que no sabía por qué esos carros salieron de Bogotá pero tampoco quiso revelar dónde estaba él, lo único que repetía constantemente era que “estaba monitoreando desde cualquier lugar de Colombia”.
Pues bien, este 26 de mayo, nuevamente en la emisora radial se informó que el defensor del Pueblo estuvo en Girardot ese primer fin de semana de protestas, por eso fue que se registró el paso de sus vehículos por uno de los peajes fuera de Bogotá.
El pasado 12 de mayo, Wilson Devia, presidente del sindicato de la Unidad Nacional de Protección (UNP), le dijo a W Radio, que tras enterarse del caso, se comunicó con la unidad de protección del defensor para esclarecer los hechos, sin embargo, no recibió respuesta.
“Traté de hacer la comunicación. Sin embargo, la respuesta que recibí es el miedo. Cuando uno es un funcionario de planta no tiene miedo de denunciar las irregularidades. Desde acá estamos sometidos a la tercerización en donde si el escolta dice ‘el defensor sí va conmigo’ mañana se queda sin trabajo”, aseguró Devia.
“Quisiéramos tener todas las garantías para hacer las denuncias. Los escoltas están un poco presionados por el tema. No obstante, el hermetismo que se ha generado es al 100 %”, señaló.
Devia cuestionó las versiones del funcionario y señaló que no creería que los escoltas salieron de Bogotá sin él, y si así fue, estarían incumpliendo una normatividad y esto “sería causal para quedar destituidos del contrato con la UNP”, dijo.
“El defensor debe ser claro y no evasivo frente a esa solicitud que le están haciendo los medios de comunicación y la misma ciudadanía. Los escoltas no van a salir fuera de la ciudad con las camionetas asignadas si no hay una orden de comisión”, puntualizó.
Defensor del Pueblo entregó a CIDH balance sobre la situación de derechos humanos
Luego de la polémica el defensor ha estado bastante activo, como debe ser, por la crisis social que vive el país. En las últimas horas entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una audiencia que había sido solicitada por la entidad, el balance sobre la situación de derechos humanos que está viviendo el país en el marco de la protesta social.
El ente de control también instó al Gobierno a recibir al órgano internacional. “Le hicimos saber la importancia de esta visita, y le manifestamos que ponemos a disposición toda nuestra capacidad en caso de que se conceda aceptar. En el marco de nuestras competencias, exhortamos al Gobierno para que la visita propuesta por la CIDH al Estado colombiano, en función del artículo 41 de la CADH y del artículo 18(g) del Estatuto de la Comisión, pueda realizarse a la mayor brevedad”, dijo el defensor Camargo.
Entre el 28 de abril y el 24 de mayo, la Defensoría había trasladado a la Procuraduría, la Policía y a la Fiscalía 236 denuncias sobre abusos policiales por vulneración de derechos humanos en el marco de las protestas.
“Como defensor del Pueblo quiero ser absolutamente claro y contundente en rechazar todos y cada uno de los actos de abuso policial, así como los casos en los que personas inescrupulosas han promovido hechos violentos”, manifestó Camargo. En medio de las manifestaciones hemos tenido reporte de 1.040 civiles lesionados o heridos y 1.049 policías.
La entidad también ha verificado 106 casos de violencia basadas en género en contra mujeres y personas OSIGD/LGBT por parte del Esmad. Estos reprochables hechos se presentaron en 19 departamentos del país, con mayores reportes en Valle del Cauca, Antioquia, Nariño, Boyacá y Cauca.
La Defensoría ha trasladado a la Fiscalía 43 reportes de supuestos homicidios en medio de las movilizaciones, de los cuales el ente acusador ha establecido que 17 corresponden a hechos sucedidos en medio de las protestas, 16 civiles y 1 policía.
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