Desde hace unas semanas, con el estallido social que se vive en Colombia desde el pasado 28 de abril, la expresión ‘conmoción interior’ se tomó las redes sociales y los noticieros en el país. La polémica medida, que le daría al presidente Iván Duque el poderío para restringir las marchas sociales, limitar a los medios de comunicación para informar, interceptar comunicaciones y suspender a mandatarios locales, no ha sido tomada, sin embargo, simpatizantes de esta idea persisten en que el mandatario debería hacer uso de ella. Germán Vargas Lleras, en su última columna de opinión del domingo, para el periódico El Tiempo, lo sugirió.
“De continuar esto así, el Gobierno debería contemplar la declaratoria del estado de conmoción interior, medida que lo habilitaría temporalmente para controlar la circulación de vehículos, limitar el acceso o salida de determinados territorios, establecer toques de queda e inclusive suspender alcaldes y gobernadores”, escribió.
Para Vargas Lleras, según lo que argumentó al sugerir la imposición de la medida de conmoción interior en Colombia, las pérdidas materiales, que superan los 15 billones de pesos, según sus cuentas, junto con los saqueos y los incendios, son amenazas constantes para las personas que no salen a manifestarse. A su parecer, el Gobierno Nacional, en cabeza de Duque, debe hacer cumplir la Constitución y, al mismo tiempo, dialogar con quienes ahora se encuentran en las calles.
“Aquí no hay ningún dilema. No se trata de dialogar o de hacer cumplir la ley. No son dos caminos. La Constitución y la ley deben cumplirse, y los diálogos deben adelantarse, pero no sobre la base de tolerar que se vulneren los derechos de toda la ciudadanía”, recalcó.
Aunque para el excandidato a la presidencia los diálogos son una parte importante de la solución del problema, su pronóstico sobre ellos no es positivo. De acuerdo con las apreciaciones de Vargas Lleras, las peticiones de los voceros de la población manifestante se salen de las manos del Gobierno Nacional. “¿Cómo pretender que para solo empezar a hablar se exija un llamado “acuerdo de garantías” en el cual se pide, de entrada, el desmonte inmediato del Esmad y el retiro de la Fuerza Pública de las calles y la suspensión de cualquier actividad de control? (...) Y ahora también la renuncia del ministro de Defensa”, cuestionó.
Vargas Lleras, en su texto publicado por El Tiempo, aseguró que no es posible que los manifestantes busquen que se “condenen ‘a priori’ y sin el debido proceso” a los miembros de la Fuerza Pública investigados por presuntos excesos de fuerza, y mucho menos que se les retire del servicio en la institución; así como tampoco es factible que el Gobierno se vea limitado para hablar de ‘vandalismo’ y ‘bloqueos’.
Estas peticiones por parte de los manifestantes son improbables según el político y ex vicepresidente colombiano, “más bien parecen un programa de gobierno que a falta de haberse impuesto en unas elecciones legítimas, ahora se le quiere imponer al país a sangre y fuego”.
En su columna de opinión, también condenó el actuar de algunos personajes de la política nacional e, incluso, los llamó cómplices. En este punto en particular se refirió a Wilson García Fajardo, Alcalde de Zipaquirá, a quien señaló de “incitar a los bloqueos”. “Y qué tal la actitud de algunos gobernadores y alcaldes que, amparados en mal entendidos protocolos, dilatan la intervención de la Fuerza Pública y permiten que sus jurisdicciones se vuelvan territorios de nadie. Muchos de ellos utilizan el paro para mover sus propias agendas políticas de cara a las próximas elecciones”, redactó.
A modo de sugerencia, resaltó la urgencia con la que debe tomar el gobierno de Iván Duque el tema de la infiltración de grupos ilegales en las manifestaciones del paro nacional, “como el caso del Eln y la disidencia de ‘Gentil Duarte’ en Cali, y de la presencia de bandas de microtráfico disputándose el control territorial de las ciudades, como empieza a ocurrir también en Medellín y el Eje Cafetero”, detalló.
Es necesario, según él, que el presidente de la CGT (Confederación General del Trabajo) aclare sus intervenciones respecto a sus declaraciones que dio respecto a los bloqueos como forma legítima de protesta, según la ONU, teniendo en cuenta que, recordó Lleras, el Convenio 87 de la OIT, ratificado por Colombia en 1976, en su art. 9 reconoce el derecho a la manifestación pacífica, “pero no permite afectar las garantías que el Estado debe brindar tanto a los miembros de la Fuerza Pública como a toda la ciudadanía”.
En la conclusión del texto, y a modo de posdata, Lleras aseguró que le parecía ‘lamentable’ el hundimiento de la reforma a la salud pues, a su parecer, sin haber discutido un solo artículo, hubo intereses poderosos que “infiltraron el paro” para evitar que se tramitara la polémica medida.
Seguir leyendo: