Tribunal de Cundinamarca ordena al Gobierno nacional revelar los contratos de compra de las vacunas covid-19

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó este 21 de mayo al Gobierno nacional revelar los contratos de compra de las vacunas contra el covid-19. La solicitud se da luego de que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) negara el acceso a la información relacionada con los contratos, señalando que esta era reservada por tratarse de un asunto diplomático y de negociaciones, así como de salud pública.

Para el alto tribunal estos contratos deben revelarse porque, “se trata de Derechos Humanos protegidos en el bloque de constitucionalidad relacionados con el acceso a la información, la libertad de pensamiento y opinión y la participación en el ejercicio y control del poder público en una sociedad democrática”.

El magistrado Luís Gilberto Ortegón explicó además que las reservas invocadas no eran aplicables por cuanto la etapa de negociación ya culminó y los contratos ya se habían suscrito con las farmacéuticas.

“En los contratos no hay información sensible ni relacionada con propiedad intelectual, ni que ponga en peligro la salud pública o se puedan dar a conocer secretos industriales; y que las cláusulas contractuales que establecen una confidencialidad de ese tipo, son inaplicables en los países que se fundan en un Estado Constitucional de Derecho”, se lee en la decisión que tomó el Tribunal de Cundinamarca.

Así las cosas, la instancia judicial le da a la UNGRD un plazo de tres días para que haga público los contratos que han celebrado con diferentes farmacéuticas para la adquisición de las vacunas contra el covid-19.

En enero de este año, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó que ningún país tiene la posibilidad de comenzar las negociaciones previas de acceso a los contratos de compra de la vacuna sin suscribir un acuerdo de confidencialidad, en atención a la información sensible que se está manejando. Advirtió que si llegase a violarse esa confidencialidad, el país deberá atenerse a las sanciones y posible pérdida de la negociación y, por ende, de los biológicos.

Si bien Colombia cuenta una Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014), esta tiene dos artículos que exceptúan al Gobierno Nacional de revelar información que afecte el interés general y en áreas de salud pública, como es el caso actual.

“De manera que nosotros, como funcionarios y entidades públicas, no estamos cometiendo ningún acto ilegal, sino, al contrario, estamos protegiendo al país”, apuntó Ruiz Gómez.

Sobre el proceso de compra de las vacunas detalló que para la escogencia del biológico, el Ministerio de Salud hace un análisis de cuáles son los proyectos más avanzados en el mundo y las mejores opciones para el país al cumplir con los requisitos de seguridad y eficacia requeridos. Una vez se haga la escogencia, -explicó el ministro-, el ministerio hace la solicitud de contratación a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para la compra de la vacuna seleccionada. Ese contrato es suscrito por la fiduciaria La Previsora, entidad del Estado con capacidad de contratación.

“En todo este proceso las entidades de control tienen la capacidad de participar, en la instancia asesora se les cursa invitación y, también, cuantas veces nos requieran la información, incluyendo los propios contratos se les pueden remitir para que ellos hagan el respectivo control”, enfatizó en que los entes de control también deben respetar los acuerdos de confidencialidad mientras cumplen con su función.

Cabe resaltar que, el presidente Duque informó que el presupuesto asignado para respaldar los acuerdos suscritos era de $1.537.883.767.930, aportados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

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