Juzgado de Bogotá admitió tutela presentada contra Comité de Paro

Mientras continúan las protestas y bloqueos en las ciudades, en Bogotá el Juzgado 49 civil municipal de Bogotá admitió para su estudio la tutela instaurada en contra de los miembros del Comité Nacional del Paro que busca proteger a los ciudadanos que ven vulnerados sus derechos fundamentales, en especial su movilidad por los bloqueos en carreteras y vías.

El Paro Nacional, que cumplió 23 días, se ha caracterizado por manifestaciones pacíficas, pero también por este acción que ha conducido al desabastecimiento en distintas regiones del país, así como a afectaciones de miles de individuos que, en el caso de Bogotá, deben desplazarse a pie por bloqueos a vías públicas y episodios de vandalismo contra el Sistema de transporte de la ciudad.

La acción judicial fue instaurada por la concejala del Partido Alianza Verde, que es gobierno en Bogotá, Lucía Bastidas Ubaté. Bastidas pretende que el Comité del Paro Nacional no solo se pronuncie públicamente en rechazo a los bloqueos sino que también genere un protocolo de garantías mínimas para quienes no marchan, pero se ven afectados por las manifestaciones.

La concejala afirma que dicho Comité debe garantizar el libre tránsito del personal de salud, vehículos con insumos médicos y los destinados a bienes y servicios esenciales, especialmente en Bogotá.

En su tutela, afirmó Bastidas que se han presentado excesos amparados en el legítimo derecho a la protesta social, cuyos impactos han puesto en grave riesgo a la ciudadanía y, por extensión, a la convivencia. Aseguró que es urgente que los líderes, así como las agremiaciones y los manifestantes, sean capaces de promover el respeto a los derechos de quienes no participan en este tipo de convocatorias, garantizando esencialmente el respeto al libre tránsito.

Además, la cabildante considera que los hechos violentos “afectan a la gran mayoría de ciudadanos que no han encontrado protección a sus derechos fundamentales amenazados por cuenta de las manifestaciones que acuden a las vías de hecho, que exceden lo que involucra el derecho legítimo a la protesta y que ponen en grave riesgo, bajo amenaza, los derechos fundamentales a la vida, la salud, la seguridad alimentaria, entre otros”.

El estudio que revisará el juzgado tomará como punto de partida la vulneración a los derechos fundamentales a la vida, la salud, la seguridad alimentaria y a derechos colectivos como el trabajo, la movilidad y la seguridad, los cuales “han puesto en riesgo miles de vidas en la capital del país durante estas tres semanas de manifestaciones en el marco del paro nacional”.

La concejala insistió en que su intención al presentar la tutela que está siendo estudiada por la justicia no es afectar un derecho fundamental. Afirmó que sí busca que sea establecido un marco mínimo, así como unas exigencias, no solo para el ejercicio de derechos sino para la salvaguardia de la vida en caso de que una afectación a ésta impida que una ambulancia no logre atender una emergencia de salud por enfermedad, accidentes o de cualquier origen.

Por ello aseguró que “hay confianza en la justicia, esperamos que el juez equipare tanto el legítimo derecho a la protesta pacífica como los derechos fundamentales de quienes claman por no ser objeto de violencia en las marchas”.

“Entendemos que hay efectivamente un malestar social, pero desde ningún punto de vista se puede justificar el vandalismo, los bloqueos o la violencia que ya no solo cuestan económicamente, sino que repercuten en cientos de familias que a estas alturas se han quedado sin ninguna opción, viven en la incertidumbre porque mientras que persista el paro y no haya un pronunciamiento del Comité Nacional en rechazo a estos actos, seguirán ocurriendo”, agregó Lucía Bastidas Ubaté, que se encuentra a la espera de las determinaciones del juez que se encuentra estudiando la acción de tutela.