Con el fin de que se proteja a todas aquellas personas que están viendo vulnerados sus derechos por los bloqueos realizados en medio de las protestas iniciadas desde el pasado 28 de abril en Colombia, la concejala Lucía Bastidas instauró una acción de tutela ante un juez de la ciudad en contra de los miembros del Comité Nacional del Paro.
Con esta tutela, Bastidas afirmó sentir el clamor nacional de todos aquellos ciudadanos que se están viendo afectados por las consecuencias de los reiterados actos violentos ocurridos en el marco de las protestas, que alcanzaron 22 días sin acuerdos tangibles entre Gobierno y dicho comité.
Estos hechos violentos afectan a la gran mayoría de los ciudadanos que no han encontrado protección a sus derechos fundamentales amenazados por cuenta de las manifestaciones que acuden a las vías de hecho, que exceden lo que involucra el derecho legítimo a la protesta y que ponen en grave riesgo, bajo amenaza, los derechos fundamentales a la vida, la salud, la seguridad alimentaria, entre otros.
El escrito que sustenta la tutela, fue presentado por la concejala Bastidas en medio de las manifestaciones pacíficas que recorrieron a la capital durante el 19M. En él, se solicitan acciones que mitiguen las afectaciones producidas por dichos bloqueos en distintas localidades de Bogotá, con el fin de garantizar los derechos de aquellos ciudadanos que decidieron no protestar en las calles.
Bastidas enumeró las afectaciones producidas por las acciones violentas de algunos sectores de manifestantes que han generado distintos traumatismos a los conciudadanos, en especial los bloqueos a vías principales, que motivaron una orden presidencial para desbloquear las del orden nacional.
Los bloqueos en vías principales que han impedido el paso de ciudadanos a sus trabajos, a citas médicas, e inclusive personal médico que no ha podido llegar a cumplir sus turnos en medio de la pandemia; la detención de ambulancias, algunas con pacientes a bordo; de vehículos de suministro de oxígeno medicinal, medicamentos o insumos, y de camiones con algunos elementos perecederos
En su tutela, afirmó Bastidas que se han presentado excesos amparados en el legítimo derecho a la protesta social, cuyos impactos han puesto en grave riesgo a la ciudadanía y, por extensión, a la convivencia. Aseguró que es urgente que los líderes, así como las agremiaciones y los manifestantes, sean capaces de promover el respeto a los derechos de quienes no participan en este tipo de convocatorias, garantizando esencialmente el respeto al libre tránsito.
Esto dijo la Concejala Bastidas en la exposición de argumentos de la tutela: “Se requiere de manera urgente que se le ordene a los integrantes del comité del paro y a las diferentes organizaciones ciudadanas, que en medio de su derecho a manifestarse, no impidan la movilidad relacionada con cualquier derecho fundamental”.
Ante un escenario de crítica por parte de quienes consideran que la tutela busca restringir el derecho a la protesta social, la concejala insistió en que su intención no es que el juez afecte un derecho fundamental, pero sí busca que sea establecido un marco mínimo, así como unas exigencias, no solo para el ejercicio de derechos sino para la salvaguardia de la vida en caso de que una afectación a ésta impida que una ambulancia no logre atender una emergencia de salud por enfermedad, accidentes o de cualquier origen.
Por lo que el documento solicita “que se ordene a los accionados a que de manera inmediata realicen comunicados públicos y privados dirigidos a los manifestantes y demás participantes directos e indirectos de las protestas, en los cuales se exija el libre tránsito de personal médico, vehículos de transporte de insumos médicos, ambulancias, transporte de alimentos y destinados a bienes y servicios esenciales”.
Bastidas insistió en que los líderes del Comité del Paro promuevan unas reglas mínimas de las protestas, en donde sean tenidas en cuenta las demandas que la ciudadanía no marchante en lo tocante al respeto de sus derechos.