Marta Lucía Ramírez estrena el cargo de canciller culpando al Acuerdo Final de Paz por las protestas en Colombia

El presidente Iván Duque designó el 19 de mayo a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez como ministra de Relaciones Exteriores, y le fijó varias prioridades para su gestión en la cartera de la política internacional. “Es una mujer con una gran trayectoria en la política y en el sector privado. Una mujer que se ha desempeñado como ministra de Comercio Exterior, ministra de la Defensa, senadora de la República, vicepresidente de la República”, señaló el jefe de Estado.

Ramírez asume el cargo, sin dejar la Vicepresidencia, en reemplazo de Claudia Blum quien renunció en medio de las protestas sociales que han logrado que organizaciones internacionales y países de todo el mundo piden explicación al gobierno colombiano por las denuncias de abuso policial contra los manifestantes.

“En primer lugar, para poder estar fortaleciendo las relaciones bilaterales que tenemos en todo el mundo, pero, adicionalmente, para ejercer la representación de nuestro país en los espacios multilaterales, donde nosotros queremos reafirmar no solamente el talante democrático de nuestro país, sino también la convicción de ser un país siempre respetuoso de los derechos humanos y siempre volcado a la defensa irrestricta de los valores democráticos que ha caracterizado a nuestra nación”, expresó Duque.

Pues este jueves, la nueva canciller estrenó el cargo con una columna que se publicó en El Tiempo titulada “El país ‘en modo paro’ amenaza la paz social”. Allí, la funcionaria prácticamente culpa al punto 2.2 del Acuerdo Final de Paz que firmó el Estado con la guerrilla de las Farc.

“Durante la campaña del referendo del acuerdo con las Farc, repetí insistentemente que el punto 2.2 presentaba el riesgo de pasar del país del conflicto al país “en modo protesta y modo paro”, y así está sucediendo”, comentó la canciller.

El punto al que se refiere Marta Lucía Ramírez, es el de la participación política, específicamente al apartado en el que se definen las garantías para la movilización y la protesta pacífica. Allí se exponen en varios puntos el respeto a “la garantía a la movilización y la protesta pacífica como parte del derecho constitucional a la libre expresión, a la reunión y a la oposición, privilegiando el diálogo y la civilidad en el tratamiento de este tipo de actividades, sin perjuicio del ejercicio de la autoridad legítima del Estado conforme a los estándares internacionales en materia de protección del derecho a la protesta”.

Para la vicepresidenta, “está bien tener el espacio abierto a la protesta social, pero un país en paro intermitente no es viable y conduce al empobrecimiento, la inestabilidad y al malestar social. Necesitamos crecer, generar empleos, abastecer las ciudades, seguir construyendo infraestructura y vivienda para que haya desarrollo y lo más importante: para que haya paz social. Vivimos días muy difíciles para Colombia, y los augurios son inciertos”.

Asegura en su columna que los esfuerzos gubernamentales para mitigar el impacto de la pandemia y acelerar la vacunación, se ven afectados porque son muchos colombianos quienes han salido a manifestarse por diferentes problemáticas y frustraciones que dice compartir.

“Evidentemente, la falta de empleos para nuestros jóvenes y mujeres, la pobreza, la corrupción en nuestra sociedad, la inseguridad en las calles, la falta de reconocimiento hacia el valor que tiene cada persona por el solo hecho de existir, el temor a contagiarse, los negocios a los que aún no dejan operar a plena capacidad, las mercancías bloqueadas en puertos y carreteras generan desasosiego, frustración y rabia”, sostuvo.

Como parte del Gobierno nacional, expone que en los últimos meses se han recuperado empleos y bienestar a un ritmo sin precedentes. “Ahora, el vandalismo, toques de queda y bloqueos en el marco de los paros, significarán otra caída”, aseguró.

Comparte en su columna datos del Ministerio de Hacienda que afirman que el paro cuesta 480.000 millones de pesos por día, “suma suficiente para subsidiar la vivienda a 24.000 familias, o construir 2.500 kilómetros de vías terciarias cada día. Esta situación perjudica injustamente a consumidores, empresas y al pueblo colombiano”.

La nueva canciller afirmó que ejercer la protesta es un derecho, pero es obligación hacerlo cuidando el patrimonio público, el empleo y el bienestar de los colombianos. “Es un deber del Estado brindarnos garantías en el ejercicio de nuestros derechos a todos y garantizar el orden en nuestra sociedad, pero esto nos convoca a todos, sin excepción, a poner nuestro grano de arena. ¿A quién está beneficiando este caos? ¿Qué sigue en su libreto?”, se preguntó.

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