En la mañana de este miércoles, la W Radio hizo público un documento, un audio, y las denuncias hechas por parte de trabajadores de la Defensoría del Pueblo que alegan que han sido separados de sus labores originales, como garantes de los Derechos Humanos, para obligarlos a redactar contratos de otras personas que estarían aspirando a un cargo en dicha institución. Diana Margarita Silva, directora de Atención y Trámite de Quejas de la Defensoría del Pueblo, sería la principal responsable de los hechos que denuncian los empleados que, además, la acusan de maltrato e irrespeto.
La mujer, de acuerdo con lo que explicó la emisora, es la mano derecha de Carlos Camargo, el defensor del pueblo, y se ha encargado de liderar varios de los Puestos de Mando Unificados (PMU) que se han puesto en marcha durante las protestas del paro nacional que se adelanta en Colombia desde el pasado 28 de abril.
Silva, quien según recordó el medio de comunicación, trabajó en 2018 como contratista del Centro Democrático, y como asesora política de Rafael Nieto y miembro de la UTL de Samuel Hoyos, en 2017, no tendría ningún tipo de experiencia en derechos humanos, al igual que muchas de las personas cuyas hojas de vida llegan a manos de los funcionarios que hoy hacen pública esta denuncia. Según los trabajadores, la mujer, en sus funciones asignadas, no tendría que estar encargada de procesos de contratación, sin embargo, exige la redacción de documentos de este tipo a sus subalternos.
Además de la redacción de los documentos, se lee en la nota de La W, los funcionarios tendrían que “ajustar los estudios previos a las hojas de vida que llegan recomendadas por Silva”. La denuncia, que ya está consignada en un documento físico y firmado, llegó con un audio en el que se le escucha a Silva advirtiendo a sus empleados que si no cumple con lo que se les está asignando, habrá consecuencias con sus puestos de trabajo.
“Que esta semana se dediquen las personas que tienen procesos contractuales solo a procesos contractuales, las ocho horas del día. Si me toca conectarme las ocho horas del día para verlos trabajar en el tema contractual, lo hacemos. Pero esta semana me salen absolutamente todos los procesos de contratación, no quiero excusas de que seque entonces los estudios previos (…) si tenemos un problema con los estudios previos, me dicen de una vez y me siento con la doctora Gabriela, que está aquí dispuesta para hacerlo conmigo, para ajustar los estudios previos inmediatamente. Pero esta semana me salen todos los contratos ya, Mauricio me dijo que quedaban radicados Tolima y otro más”, se le escucha decir.
Entre las hojas de vida que los trabajadores denunciaron que tuvieron que revisar estuvo la de la exalcaldesa de Cartagena, Judith Pinedo Flórez, contratada en la defensoría por más de 100 millones de pesos.
Sin embargo, Diana no es la única acusada de este tipo de órdenes y tratos injustificados a sus empleados, pues, el senador Iván Cepeda aseguró, hace exactamente un mes, el pasado 19 de abril, ante la Procuraduría y Contarloría General de la Nación, que el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, estaría entregando “cargos a personas que no cumplen requisitos para ejercer sus funciones, pero que han sido cercanas o militantes de partidos políticos”.
“El defensor del Pueblo ha nombrado en el cargo a defensores Regionales y Delegados que no contarían con la experiencia acreditada ni los conocimientos suficientes para el ejercicio de sus funciones, pero que, por el contrario, sí tienen claras afiliaciones políticas con los partidos que lo ayudaron en su elección (...) Solicité a la Contraloría ejercer vigilancia a la gestión fiscal de la Defensoría del Pueblo a través de un proceso auditor, que determine si existieron irregularidades que pudieron implicar un daño a la gestión fiscal y al patrimonio del Estado”, se lee en un comunicado de prensa publicado por el político en sus redes sociales.
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